Contamos con una Ley que nos protege, eso dice la ley, para que no se pueda traficar con nuestros datos personales; pero esa ley, presuntamente está hecha para los ciudadanos de a pie, en ningún caso parece que sea para ser cumplida por todos.

Presido una organización a nivel nacional en la que los datos de personas a las que prestamos servicios son absolutamente confidenciales. No sólo hacia extraños, sino entre todos nosotros. Quiere decir que damos un servicio a tal y a cual, y entre ellos no tienen información a través de ésta organización, porque cumplimos la ley.

El problema viene cuando las administraciones públicas y las empresas privadas, en las llamadas que podamos hacerles, graban nuestras conversaciones sin estar expresamente autorizados, y por tanto conculcan la ley que nos protege. Por nuestra seguridad y ante estas presuntas irregularidades cometidas por quienes deben protegernos, se graban todas las conversaciones telefónicas, que tras ser revisadas tan sólo por una persona, procedemos a su borrado, pues sabemos que en ningún caso esas grabaciones van a servir en ningún sitio, ante ninguna autoridad, que presuntamente esa autoridad también conculca esa misma ley.

En muchas ocasiones, cuando nos ponemos en contacto telefónico con instituciones o empresas, cuando las locuciones automáticas nos indican que esas conversaciones están siendo grabadas, al interlocutor correspondiente les advertimos de que nosotros también grabamos esas llamadas, y las respuestas siempre son las mismas «no les autorizamos a grabar estas conversaciones», y al decirles que nosotros tampoco autorizamos que se nos grabe, vuelven a conculcar ya varias leyes, al respondernos que ellos sí están autorizados. Y no, les decimos, no están ustedes autorizados si no es expresamente con nuestros consentimientos. Sin embargo, pasan como de la mierda de nuestra privacidad, y además presuntamente trafican con nuestros datos personales entre instituciones y empresas privadas.

Ósea estamos vendidos; cualquier desconocido puede entrar en nuestra privacidad, amparándose en una ley a la que ellos mismos nos remiten; contamos con una Ley que dice protegernos, pero que sirve para presuntamente proteger sólo a instituciones públicas y/o empresas privadas.

¿Es justo? En absoluto, pero, o tragamos, o tragamos, y la indefensión a la que nos someten es continuada.