Respublica, cosa pública, lo público. Este término también puede ser entendido como lo que pertenece al pueblo («populus»). Significa que el poder reside en el pueblo, quien lo delega de forma transitoria. Los términos público y pueblo son los que ponen en la relación la república como forma de estado con la ecología política. El término público nos conecta con la gestión de los asuntos públicos. El término pueblo la comunidad en la que el hombre se inserta. Veamos en orden inverso la conexión.

Cuando hablamos del pueblo y de la comunidad en la que este se inserta, ocurre que tenemos que tener en cuenta no sólo a la generación que en cada momento habita el planeta, sino que el mismo alude también a las anteriores y a las generaciones futuras. Pero esta delimitación del pueblo no queda agotada con ello, pues el hombre vive en un planeta con más seres vivos. El hombre (y la sociedad en la que vive) es un subgrupo dentro de la comunidad más amplia en la que se encuentra inserto: la comunidad planetaria en la que se encuentra. Con ella comparte cierto grado de solidaridad, manifestada en la existencia de los servicios ambientales y el necesario cuidado de los mismos; y puede decirse que comparte también un cierto grado de memoria histórica, que se revela en la información de experiencias de miedo y estrés que se transmiten en el ADN de los seres vivos y que constituye la memoria de nuestros antepasados, como han descubierto investigadores de la Universidad de Medicina de Emory, Atlanta, Estados Unidos.

Con esta doble inclusión el concepto pueblo queda trascendido en su ámbito temporal y en su ámbito biológico. En el primer caso, la técnica de incorporar a los no nacidos como sujetos de derechos no es nueva ni extraña, pues desde el derecho romano se han reconocido derechos a los no nacidos (nasciturus). En el segundo, esta trascendencia se produce por la inclusión como sujetos políticos no sólo a lo racional, sino también a lo sensible. Utilizando una metáfora geométrica diríamos que el concepto pueblo queda ensanchado tanto verticalmente como horizontalmente. Con ellas el pueblo se transforma en Pueblo y la comunidad política se amplía por la inclusión de nuevos sujetos, sin que ello suponga que todos sus integrantes tengan reconocidos necesariamente los mismos derechos.

La gestión de lo público a la que antes aludíamos queda entonces también trascendida por esta doble inclusión. Subsiguientemente no se puede afirmar la propiedad pública de los bienes y servicios medioambientales, los cuales se quedan configurados como fideicomiso: es decir, como un legado que se recibe por la generación presente en unas condiciones materiales concretas (derecho) y tiene que ser transmitido a las generaciones venideras al menos en el mismo estado de conservación que se refirió (deber), para no limitar las opciones de las generaciones futuras. Se pasa así de un sistema que concibe el medio ambiente como un activo fijo, a un sistema global dinámico concebido como un conjunto de derechos y deberes que busca la justicia entre generaciones y entre especies.

La concepción clásica de la República la concibe como el gobierno de las leyes, no como el gobierno de los hombres. El reconocimiento de derechos y deberes planetarios apuntado, supone conectar la concepción clásica de la república con la materialidad de la tierra. Esta conexión implica la obediencia no sólo de la norma jurídica humana, sino también de la ley natural, que también es una ley. La forma de estado queda adjetivada, para definirse como una República Ecológica, cuestión que no es sólo nominativa, sino que implica el compromiso del estado por el respeto de los límites del planeta. Ello nos convierte a los integrantes de este estado en ciudadanos de la tierra y no en simples ciudadanos de un estado y significa que en el siglo XXI una República que quiera continuar sirviendo los fines que la inspiraron, necesariamente tendrá que ser una República Ecológica.

Ayer se cumplió el octogésimo cuarto aniversario de la proclamación en España de la II República. Sirva este artículo de homenaje a aquella ilusión colectiva y a todos aquellos que lucharon por traer en el pasado a España los ideales de la República, muchos de los cuales murieron en su defensa, otros fueron represaliados y otros tuvieron que partir hacia un exilio no deseado. Y especialmente sirva de homenaje a mi abuelo: Casimiro Luque Ariza, concejal del Ayuntamiento de Málaga por el partido radical-socialista desde 1931 a 1933, quien tuvo que exiliarse a Chile con su familia durante 33 años, por defender aquellos nobles ideales, así como a su inseparable amigo y compañero Emilio Baeza Medina. ¡Viva la República!