Estamos de Lunes de Resaca. Electoral, por supuesto. Se han celebrado en pocos meses elecciones autonómicas y municipales. Y en noviembre, si no las mueven a enero de 2016 por aquello de encuestas y vientos más o menos favorables, votaremos al Ejecutivo que tendrá que seguir gestionando el escenario después del maremoto económico, con sus muertos, sus heridos y los desplazados. Ha sido la guerra de nuestra generación, oigan, y todos la hemos perdido. Usted, su vecino y yo. Sólo han ganado los de siempre. Les digo todo esto porque, en tiempo de debate electoral se ha hablado poco, como ocurre casi tras cada cita electoral, de la justicia. Un magistrado llamó mi atención el otro día sobre la escasísima, por no decir nula, repercusión que la administración de Justicia tiene en los distintos programas electorales de los partidos. En una reciente entrevista, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, pedía un pacto de Estado para regenerar este servicio público, dotarlo de una inversión sostenida, llevarlo hasta la intransitada orilla de las nuevas tecnologías y estudiar una redistribución de los partidos judiciales así como una reordenación de los efectivos humanos que la sirven. En definitiva, racionalizarlo todo para que mejore algo la cosa, porque si, siguiendo la máxima lampedusiana todo va a seguir sin cambiar, mejor nos dedicamos a otra cosa. Pero, por lo que parece y aunque los comicios recién celebrados no eran el foro de debate pertinente, nadie, a la espera de la campaña nacional, ha hablado de Justicia. ¿Lo han escuchado ustedes en boca de algún responsable político? Yo no. Igual sí han pronunciado ese bellísimo vocablo castellano, pero dudo de que hayan usado siquiera una palabra parecida en sus documentos programáticos. Al poder político, cada vez lo tengo más claro, le interesa un colectivo de jueces subyugado, con la cabeza gacha, con una gran sobrecarga de trabajo para que ninguno de ellos enrede allá donde no se le ha invitado a entrar. Pasan los días, los meses y los años y nadie hace nada por mejorar el cotarro. Ni siquiera ese fiscal llamado Alberto Ruiz-Gallardón ha estado a la altura de lo que se le exigía como ministro de Justicia. Ya es un amago de cadáver político. Todas sus reformas están siendo por su Suárez particular, Rafael Catalá. Tal vez le parezca que la Justicia no es importante, pero lo cierto es que si hubiera más agilidad, por ponernos en lo económico, se liberarían miles de millones de euros que hay retenidos por la lentitud procesal. Eso por no hablar de que los jueces resuelven sobre la libertad o el patrimonio de las personas. Tal vez haría usted bien en pedirle a sus políticos que hablaran de Justicia.