01 de junio de 2015
01.06.2015
Tribuna

¿Y ahora qué?

01.06.2015 | 00:56

Acabadas las elecciones, el mapa de las fuerzas políticas que gobernarán las comunidades autónomas y los municipios españoles es multicolor, algo inusual. No faltan las voces de alarma ni los vaticinios agoreros, pero nadie debería asustarse, ni invocar las trompetas del Apocalipsis. Tampoco es lógico el temor de los líderes económicos, ni el de quienes gobiernan las empresas, las organizaciones o están al frente de las instituciones, porque en ellas se adoptan las decisiones en forma corporativa, sabiendo que el liderazgo dictatorial, nacido del absolutismo conlleva pésimos resultados.

Es verdad que con tan variopintos resultados electorales en los 8.116 municipios y 15 comunidades, el bipartidismo se ha roto con la incorporación de otros dos partidos emergentes con notable protagonismo, pero a casi todos les satisface lo logrado: muchos han ganado aquí, otros lo han hecho allá y otros tanto, acullá. Así que quien no se consuela es porque no quiere, o porque se ha hundido en la miseria, como UPyD: quienes no estaban presentes, ahora sí lo están; y aquellos a los que se acusaba de estar en demasía, ahora siguen, aunque en menor medida; y quienes, en las elecciones pasadas perdieron sin remisión, ahora ven salir el sol. Y todos, sin excepción, habrán de pactar, consensuar, conciliar programas, moderar exigencias, convencer y entender las razones de los demás.

La bondad de estos resultados es que casi nadie goza de la mayoría absoluta que le permita corromperse, emplear el rodillo, imponer ideas o despreciar las propuestas de los demás. Se anuncia un tiempo de diálogo, y eso siempre es bueno. Lo peor, el mayor peligro, podría venir de la mano de los indeseables que no contentos con las migajas que les toque, opten por cambiar de bando por razones espurias para nutrir sus alforjas, entrando en el turbio chalaneo. Una vez salvado el proceso negociador inicial, parece evidente que de la diversidad podría derivarse la regeneración política: un logro muy necesario y ansiado.

Los gobiernos autonómicos y locales se habrán de ejercer bajo la conjunción de fuerzas, y las decisiones que se tomen deben beneficiar a los ciudadanos, buscando satisfacer las necesidades más importantes, con eficacia y considerando el coste y los beneficios para la colectividad. Siendo así como se adoptan en el ámbito de los consejos de dirección de las grandes empresas e instituciones, incluso en el ámbito familiar, ¿por qué no han de proceder de igual forma los políticos en el seno de cada comunidad o municipio? ¿Por qué no han de ser capaces de entenderse, aun a pesar de que durante nuestra corta democracia alcanzar acuerdos haya sido una práctica inusual, aunque los últimos gobiernos hayan hecho del desprecio la respuesta a las enmiendas de la oposición?

Pese a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos están sometidos al cumplimiento de la ley, y las grandes competencias en materia económica, financiera y fiscal no están a su alcance porque vienen impuestas desde Bruselas y por el Estado, es verdad que, a la vista de las conductas observadas durante la crisis, el factor más preocupante en el ámbito autonómico es el del gasto excesivo y desproporcionado al que, inexcusablemente, hay que embridar, afrontando la responsabilidad en el incumplimiento, porque «quien gana dos y gasta tres, un despilfarrador es». El Gobierno central debe ocuparse de armonizar la fiscalidad autonómica: en el impuesto de sucesiones, porque no deberían competir entre sí las comunidades por amparar la muerte en su territorio, y en los impuestos sobre el patrimonio y transmisiones, porque todos los ciudadanos deberían poder guardar sus rentas y comprar bienes usados donde mejor les plazca, sin sentir la represalia fiscal del territorio que los cobija.

No tiene espera la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca): un dislate obsoleto que a casi todos desagrada, donde los privilegios forales favorecen a las comunidades vasca y Navarra, las más ricas, y en el que el modelo de reparto a las demás ofrece miseria a las más pobres, sin atender los principios de equidad y solidaridad, dañando sin paliativos a otras muchas. Tal reforma no puede aplazarse más; aunque a la vista del poco tiempo que resta hasta las generales, y el talante involucionista del gobierno, me temo que, de nuevo, quedará en stand by.

En cuanto a los ayuntamientos, la versatilidad política de los distintos ediles es tal que cabe esperar que la necesidad de lograr acuerdos les lleve a obrar con cordura. Ojalá la ausencia de mayorías absolutas permita que se acaben las decisiones dictatoriales sobre inversiones y recalificaciones inexplicables, concesiones indignas, adjudicaciones ilícitas, cohechos€ Ojalá prevalezca el bien común, la satisfacción de las necesidades sociales, se favorezca el empleo juvenil, se reduzca la desigualdad, mejoren los servicios de limpieza, el orden, la educación y el civismo. Ojalá se acabe con la charanga innecesaria, el desorden, las borracheras colectivas, el desmadre y el libertinaje, sin mayor causa que la de no enfrentarse a los sectores rebeldes que hacen chantaje con su voto.

La contención del gasto municipal en España es un objetivo que se ha cumplido en el último año. Pero también la pluralidad de fuerzas políticas puede ayudar a que, de una vez por todas, se afronte el reto de modificar la Ley de Haciendas Locales, con una nueva fiscalidad que acabe con los abusos actuales.

Porque, ¿quién puede afirmar que los impuestos municipales son justos, flexibles, adecuados a la capacidad económica de los contribuyentes, moderados y modernos? No puede sostenerse siquiera uno solo de tales atributos. La Hacienda local es residual, anacrónica, ancestral, injusta y desproporcionada. Recae en demasía sobre los bienes inmuebles, y daña a la vivienda, con un IBI que a falta de otros medios se ha convertido en el mayor depredador fiscal de las clases medias y baja. Colabora escasamente en la tributación medioambiental, y libera de fiscalidad a ciertas actividades económicas, aun siendo muy rentables. Así que, es hora de modernizar y cambiar unos impuestos que alcanzan casi dos siglos de antigüedad. Quizá ahora, cuando los ayuntamientos no son del mismo color o parecido al del Gobierno central, se atienda esta inaplazable necesidad.

Para acabar, ante tanto concejal de desigual origen, se impone el consenso. Habrán de aprender quienes ejercen la política de ese don que desde hace casi cuarenta años se había desterrado. El inolvidable Adolfo Suárez, lo invocó al decir «soy el fruto del consenso». Y añadió: «Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños». Esa voluntad de alcanzar acuerdos hasta con las minorías; de respetar y considerar a todos, se debe recuperar, y la pluralidad puede favorecer su regreso.

*Francisco Poveda Blanco es economista

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