28 de junio de 2015
28.06.2015
A renglón seguido

Temor al pasado

28.06.2015 | 05:00

Ya somos el olvido que seremos, escribió el gran Borges, en un poema epitafio que la casualidad hizo que se descubriera la identidad de su autor. El tiempo convierte a su paso el presente en pasado, muchas veces sinónimo de olvido. Sobre todo de nosotros, personas individuales que habitamos el mismo tiempo y el mismo espacio, y que coincidimos viviendo con otras personas que también pasan a ser olvido. Somos el olvido que seremos porque nacemos y morimos, y portamos nuestra particular fecha de caducidad. Pero el olvido no existe igual para todos, porque la memoria puede traspasar las fronteras del tiempo cuando el recuerdo se mantiene vivo. Por eso el poeta piensa con esperanza en aquel hombre que no sabrá quien fue él sobre la tierra. Con la esperanza de la memoria a pesar del inevitable olvido. Con la esperanza capaz de recuperar la identidad del género humano, que se construye con la memoria.

Las sociedades también sufren el olvido. Un olvido evitable por las personas que tienen la responsabilidad de preservar sus identidades mediante la gestión honesta de una memoria colectiva que se produce con la defensa de la historia como el gran mecanismo capaz de edificar una sociedad libre. La memoria fundamentada en un conocimiento histórico que se base a su vez en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Pero hay sociedades atrapadas por su pasado, aunque hayan intentado sustraerse al mismo. España es un país sin memoria, con un pasado no superado, del que le cuesta desprenderse, a pesar de pretender dar la impresión de modernidad y de estar siempre con un pie en el futuro, en un futuro percibido que no hace sino retrasar cada vez más su inevitable reencuentro con el pasado. La transición política a la democracia significó sin duda la salida de un régimen que se había edificado sobre el olvido y sobre las cenizas de una guerra civil que abrió una enorme brecha temporal y cultural entre dos épocas. El consenso surgido de la transición permitió dar un paso de gigante en la transformación política de España, pero dejó pendiente para una mejor ocasión, que desafortunadamente aún no se ha producido, la rehabilitación de su memoria colectiva truncada por el franquismo. La historiografía reciente española ha intentado hacer la relectura necesaria para poner sobre la mesa los datos y los documentos a su alcance, sobre los que reconstruir la memoria colectiva de los españoles que aún esperan verla resarcida. Pero la labor de los historiadores es solo una parte de la solución, son los políticos los que a la postre deben asumir como una tarea irrenunciable e inevitable la defensa y rehabilitación de la memoria, de una memoria de todos y para todos, sin atavismos irredentos. Para eso la derecha gobernante en la actualidad debe tener la valentía de afrontar el pasado con ecuanimidad, y sin sentir que cada vez que alguien apela a la memoria histórica es porque está intentando recrear un frentismo que ya no existe. En una democracia de cimientos sólidos nadie debe tener miedo a enfrentarse al pasado. Sorprende que el Gobierno de Mariano Rajoy derogara de facto la Ley de la Memoria Histórica al dejarla sin dotación presupuestaria. Otros países con pasados igualmente conflictivos han sabido situarse ante él con leyes de la memoria histórica o con leyes de la verdad que han permitido, aunque con diferente resultado, no dejar interesadamente en el olvido los episodios más difíciles de su historia contemporánea (Argentina, Chile, Alemania, El Salvador€).

España adopta en este asunto la posición del avestruz, evitándolo so pretexto de un supuesto interés menor. Extraña que ya bien entrado el siglo XXI, un país democrático, que dice homologarse con las democracias más avanzadas, siga considerando un tema menor toda idea que trate de sacar del olvido nuestra historia reciente. Cómo entender si no el rechazo del Gobierno actual a desclasificar documentos de 1931 a 1968, aduciendo que no es prioritario y que no hay medios para ello. Se trata de documentos a los que los historiadores no pueden tener acceso en virtud de una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que incluso el Gobierno socialista llegó a bloquear en 2010, y después de un período en los años ochenta de acceso a los mismos gracias al ministro también socialista Fernando Morán.

Parece que nuestra democracia prefiera vivir en el olvido inevitable de que ya somos el olvido que seremos, renunciando a la memoria como esperanza, como la aspiración del poeta a encontrar el camino de su propia identidad. Pero quizás no sea más que el temor a darse de bruces con la elocuente realidad de su pasado.

*Juan Antonio García Galindo es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga

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