Las escuelas de hostelería de La Cónsula y La Fonda siguen viviendo su particular calvario ante el despropósito orquestado por la Junta de Andalucía. El inicio de curso ha tenido que retrasarse hasta el día 21 de septiembre por la falta de suministros para impartir las clases prácticas, la carencia de servicio de limpieza o la necesidad de que se cubran todavía las plazas de algunos profesores. Los trabajadores de estos consorcios en fase de liquidación llevan cinco meses sin cobrar y, para colmo, la Junta reconoce ahora que tendrán que iniciar el curso en esta misma situación, a espera de que los consejos rectores de las dos escuelas se reúnan para aprobar el finiquito de las cuentas y el traspaso de activos y pasivos al nuevo organismo regulador, que finalmente parece que será el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y no la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF). La situación extrema de La Cónsula o La Fonda revela hasta qué punto la burocracia y la indefinición administrativa son capaces de torpedear nuestras mejores realidades. Durante muchos años, estas escuelas han sido un semillero de excelentes profesionales para el sector hostelero y para la industria turística pero los problemas vienen siendo recurrentes desde hace tiempo, sin que el Gobierno andaluz haya sido capaz de ofrecer una alternativa a las deficiencias que pudiera mostrar el modelo. Estuvo muy desacertado en su día cuando pasó en su momento las competencias de los consorcios a la Consejería de Educación y ahora se está revelando lento y torpe a la hora de finiquitarlos para integrar las escuelas en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La Junta asegura que los problemas estarán arreglados para el 1 de noviembre mientras se ultima la convocatoria de los consejos rectores de La Cónsula y La Fonda para la semana que viene. En ellos está presente la propia Junta (con un voto ponderado del 70%-80%) y los ayuntamientos de Málaga y Benalmádena, que deben aprobar por unanimidad los acuerdos para resolver de una vez por todas esta desastrosa situación. Lo mínimo exigible es que todo esté arreglado en mes y medio aunque el daño a la imagen de las escuelas, a los profesores que no cobran y a los alumnos cuyas clases no empiezan es, desde hace tiempo, irreparable. Tampoco estuvo muy fino ayer el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, que achacó a los ayuntamientos del PP que no destinen dinero a las escuelas. Con todo lo que ha sucedido, mejor arreglar el embrollo y callar.