Los empleados públicos españoles, a excepción de los andaluces, verán este año algo de luz al final del túnel que han supuesto los años continuados de recortes a sus derechos sociolaborales y salariales. No es de agradecer. No debemos olvidar que se devuelve parte de lo injustamente arrebatado, desde que comenzó la crisis, a un colectivo históricamente maltratado: supresión de paga extra y días de asuntos propios, congelaciones salariales, incremento de jornada, tasa de reposición limitada, recorte en ayudas sociales
Cuando en 2012 el Gobierno dio este hachazo a los derechos de sus trabajadores, de los servidores públicos, lo hizo sin distinción. Aquel real decreto fue de obligado cumplimiento para todas las administraciones y afectó a todos los empleados públicos del país. Sin embargo, la devolución parcial de estos recortes y la reciente recuperación de los días de libre disposición que el Gobierno central tiene a bien hacer, y que para los bien pensados nada tiene que ver con la inminente cita electoral, no la percibirán todos por igual. Somos iguales, pero somos distintos. Depende del territorio. Andalucía una vez más, como en sanidad, dependencia o educación, enarbola la bandera de la discriminación, esta vez a sus trabajadores públicos.
En la provincia de Málaga alrededor de 38.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía volverán, al menos de momento, a correr esa ´suerte´. Se quedarán, una vez más, sin recibir lo que les corresponde, lo que nunca debió arrebatárseles. Hasta ahora, la presidenta andaluza sólo se ha comprometido a la devolución a sus empleados públicos del 25% de la paga extra que en 2012 les suprimió, les fulminó, cantidad que los empleados públicos del resto de administraciones, del resto del país, recuperaron en enero de este año.
Las maltrechas plantillas al servicio de la sanidad o la educación públicas andaluzas seguirán discriminadas. Los usuarios también. Para colmo, los distintos gobiernos se han afanado en enmascarar de privilegiado al colectivo de empleados públicos, desprestigiando su labor y su figura dentro del ecosistema público para justificar abusos que han ido más allá de las reducciones salariales. Pero estos profesionales, a pesar de ver pisoteados muchos de sus derechos y de carecer de los medios necesarios en demasiadas ocasiones, han posibilitado la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. Sin aspavientos, sin presunciones ni titulares han puesto en valor su verdadera vocación de servicio a los ciudadanos.
Es por ello que, como el resto de empleados públicos, los andaluces también merecen que tras años de esfuerzo se les devuelva lo que es suyo y tan injustamente se les arrebató, y sobre todo, que se les reconozca socialmente la labor que día a día desempeñan, a veces ensordecida y otras tantas desprestigiada, y que garantiza que los ciudadanos perciban el mejor de los servicios públicos que a veces los gobiernos de turno se olvidan o empeñan en no prestar.
