El 5 de octubre se ha celebrado por primera vez en España el Día de la Educación Financiera. Los principales organismos internacionales han decidido formar a las familias en asuntos financieros, algo importante para evitar abusos y propiciar una correcta gestión de las finanzas y ahorros personales.

España cuenta con un Plan de Educación Financiera diseñado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el período 2013-2017. Su objetivo general consiste en «mejorar la cultura financiera de la población, a fin de que los ciudadanos estén en condiciones de afrontar el nuevo contexto financiero con suficiente confianza». Entre otras medidas, como la incorporación de conocimientos financieros a diferentes planes de estudio, destaca la encuesta de competencias financieras que va a realizar el propio Banco de España en 2016 para determinar el grado de conocimiento que tiene la sociedad española de una realidad cada vez más influyente en la vida cotidiana. La sombra del escándalo de las preferentes es muy alargada.

A finales de agosto el portal Voxeu (www.voxeu.org) se preguntaba qué sabía el público general sobre política monetaria. Un asunto pertinente. En mis años de estudiante la política monetaria se basaba en el manejo de los tipos de interés y de la cantidad de dinero, con la inflación y el empleo en el punto de mira. Las sucesivas crisis bancarias y la complejidad de la economía internacional han introducido nuevas variables en términos de seguimiento macroeconómico, de control de riesgos bancarios y de terminología. Se ha pasado del fine tuning de Carlos Solchaga al quantitative easing de Mario Draghi, sin solución de continuidad y sin paracaídas.

La educación financiera de la población en general está muy bien, es sin duda necesaria para evitar que vuelvan a ocurrir casos como el de Fórum Filatélico o los descarados bonos de Nueva Rumasa. Todos sabemos que nadie da duros a cuatro pesetas, pero la avaricia sigue levantando pasiones. Las víctimas de estas presuntas estafas fueron sobre todo personas o incluso instituciones religiosas que actuaron por confianza. Pero sin duda el papel de los organismos supervisores (es decir, el propio Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores) quizás tuvo que haber sido bastante más contundente.

La educación financiera, además, requiere transparencia. El Banco Central Europeo parece también preocupado por estos temas. Sin embargo, en su último boletín mensual publica un artículo que no predica con el ejemplo. Cuando analiza «el impacto fiscal de las medidas de apoyo al sector financiero durante la crisis» confirma que las ayudas ascendieron al 8% del PIB de la zona euro, y que sólo se ha recuperado hasta la fecha el 3,3%. Ni rastro de cifras. Así que hay que tener paciencia y ganas y una calculadora a mano y acceso a internet para descubrir que el rescate bancario se ha llevado por el sumidero 475.000 millones de euros que todavía no se han recuperado. ¿Tan difícil era decirlo de manera que la población en general lo pudiese entender?

En resumen, sean bienvenidas las medidas para mejorar los conocimientos de la población en general sobre cuestiones tan importantes como la política monetaria o la educación financiera. Pero esa preocupación debe ir acompañada de un esfuerzo de las instituciones para evitar que las malas prácticas bancarias y financieras se sigan produciendo. Los ciudadanos harán bien en formarse para evitar que les timen o estafen con productos inadecuados o demasiado arriesgados. Pero los encargados de educar a la población no deben dejar de investigar, perseguir y castigar a los verdaderos responsables del problema. Que es su primera y auténtica responsabilidad.