El Plan General de Ordenación Urbana de Marbella estaba a punto de celebrar su sexto aniversario. No ha podido ser. El pasado 4 de noviembre la noticia saltaba a la primera línea de los medios de comunicación de nuestro país. El Tribunal Supremo había anulado el PGOU de Marbella. No es una buena noticia. Incluso no lo es tampoco para los ciudadanos que llevamos más de dos décadas luchando contra los desmanes de la corrupción urbanística y sus efectos negativos para la inmensa mayoría de la buena gente de Marbella y San Pedro.

No éramos pocos en Marbella los que pensábamos, que este polémico Plan General de Ordenación Urbana de Marbella del 2010 fue un terrible error. Cerraba en falso una etapa oscura de la historia de nuestra ciudad, etapa en la que fuimos gobernados por una cleptocracia. También decíamos muchos que se había perdido una gran oportunidad de proyectar una imagen nueva de Marbella, digna de uno de las más importantes destinos turísticos de Europa. Y por supuesto no pocos pensábamos que el nuevo Plan General, recetado por la Junta de Andalucía y el Partido Socialista y defendido por los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el Partido Popular, con entusiasmos dignos de mejor causa, podría ser considerado como una amnistía general para dar una cómoda salida a las ilegalidades urbanísticas de los años del Gil. Todos en Marbella conocemos casos que parecen confirmar esta grave y justificada sospecha.

El polémico Plan tuvo siempre una navegación muy compleja, con un elevadísimo número de alegaciones en contra, con intensas batallas libradas hasta el día de hoy en sedes judiciales, llegando muchas de ellas incluso al Supremo. Como ahora se ha comprobado. Llovía sobre mojado. Y al final muchos ciudadanos teníamos el temor de que con ese peculiar PGOU no solo no se eliminarían los antiguos problemas creados por las prácticas corruptas del gilismo y sus cómplices. Lo más preocupante era el peligro de que se crearan nuevos frentes muy complicados. Con nuevos problemas, de gran calado y de muy compleja solución. Como así ha sido.

«¡Marbella tendrá un número excesivo de monumentos dedicados al triunfo de la corrupción!» Esa frase se la oí a un prestigioso experto del Consejo de Europa especializado en la ordenación del territorio. Acababa de examinar la documentación del futuro PGOU de Marbella. Comentó que le había llamado la atención la existencia de indicios de degradación institucional en el documento de ese Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que tanto deseaban aprobar las instituciones que nos gobiernan. Para él era obvio que éste protegería en el futuro auténticas atrocidades urbanísticas cometidas por el gilismo. Y lo afirmaba desde su afecto a España, con el aval de haber sido miembro del equipo redactor que hizo posible la Carta de Sevilla. Tutelada ésta por el Consejo de Europa, fue firmada en 1993 por tres grandes regiones históricas europeas, de inmensa potencialidad turística: Andalucía, la Toscana y el Languedoc-Roussillon. Fue otra gran ocasión perdida. En realidad, el fenecido PGOU de Marbella podría ser el negativo de la foto de lo que en ese acuerdo se recogía, como lo sería igualmente de los contenidos de la Convención Europea del Paisaje, tratado internacional que España había firmado y ratificado, aparentemente con más ánimo de ignorarlo que de ponerlo en práctica. Como se ha dicho, es una mala noticia.