Son de distintos partidos, pero tienen en común su pertenencia al núcleo fundacional de la Unión Europea, el Benelux, y ambos están ahora en entredicho por las políticas fiscales de sus gobiernos.

El llamado «affaire Luxleaks», revelación del trato de favor fiscal concedido por Luxemburgo a toda suerte de multinacionales, persigue al exjefe de gobierno del Gran Ducado Jean-Claude Juncker desde antes de su nombramiento a la cabeza de la Comisión europea.

El dirigente socialcristiano no está, sin embargo, solo, sino que otro político bajo sospecha es el ministro holandés de Finanzas y actual presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata Jeroen Dijsselbloem, sospechoso de obstaculizar la reforma de ese sistema, tan perjudicial para con los otros socios comunitarios.

Como se sabe, Luxemburgo, pero también sus vecinas Bélgica y Holanda, diseñaron modelos fiscales a medida de multinacionales y otras empresas extranjeras para ahorrarles el pago de impuestos en los países donde hacen el grueso de sus negocios gracias al establecimiento de filiales que sirven a tales objetivos de ingeniería fiscal.

Un tenaz europarlamentario alemán del grupo Verde llamado Sven Giegold lleva tiempo tratando de que se haga finalmente la luz sobre tales prácticas, pero tropieza continuamente con los obstáculos tanto del Consejo Europeo como de la propia Comisión, que no le dejó fotocopiar ni siquiera llevarse notas escritas de documentos reveladores.

Según informaciones del semanario Der Spiegel, Bélgica, que introdujo en 2007 ese mecanismo de competencia desleal, redujo la presión fiscal para empresas del 33,99 al 6,80 por ciento mientras que Luxemburgo la bajó del 29,22 a sólo un 5,84 por ciento.

El polémico modelo, conocido como «Patentbox», fue discutido en su día por funcionarios de otros países de la UE, que lo tacharon de «potencialmente nocivo», pero Luxemburgo, Bélgica y Holanda se dedicaron a maniobras obstruccionistas.

Hace ya más de dos años, en marzo de 2013, se reunieron expertos en fiscalidad de distintos países para deliberar sobre futuras directrices referentes a las prácticas fiscales, y una vez más los tres países del Benelux formaron bloque y reclamaron que se olvidara lo ocurrido y sólo se hablara del futuro.

Por las mismas fechas, el holandés Dijsselbloem no era ya sólo titular de Finanzas del Gobierno holandés, sino también presidente del Eurogrupo, el encargado de coordinar las políticas financieras y fiscales de los países del euro y castigador de la Grecia de Syriza.

Según el citado semanario alemán, hasta el momento apenas se ha hecho nada para corregir las controvertidas prácticas desleales, y el presidente de la Comisión, Juncker, «sigue haciendo como si no fueran con él las maniobras obstruccionistas de sus compatriotas» mientras cualquier responsabilidad en lo ocurrido.

Parece no acordarse de las palabras que pronunció él mismo en el Parlamento de su país en octubre de 2005, cuando se ufanaba de que el Gobierno luxemburgués, que entonces dirigía, hubiese atraído allí a conocidas multinacionales como AOL o Amazon gracias a la favorable fiscalidad.

El hoy presidente de la Comisión tiene, sin embargo, buenos amigos y protectores tanto en el jefe del grupo conservador del Parlamento Europeo como en el propio presidente de esa cámara, el socialdemócrata alemán Martin Schulz.

Pero el eurodiputado de los Verdes no se da, sin embargo, por vencido, sino que sigue insistiendo contra viento y marea en que se es preciso aclarar de una vez todo lo sucedido y evitar su repetición.