La Cónsula y la Fonda están cerradas del todo. Sin clases teóricas, sin prácticas y con la cocina apagada y el restaurante vacío. Pero la Junta no quiere correr. Ni pagar. «No vamos a correr para hacerlo mal», ha dicho el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Como si tener las escuelas de hostelería cerradas, a los alumnos sin clases y, sobre todo, a los profesores sin cobrar fuera hacerlo bien. No hay nada peor que no darse cuenta ni admitir los propios errores. Pero la Junta insiste una y otra vez en que la rocambolesca situación que viven estas dos escuelas se debe a que están haciendo las cosas «dentro del marco de la legalidad». Y no duda en considerar legal que los profesores trabajen sin cobrar, dado que ésta fue la solución que los representantes del Gobierno de Susana Díaz dieron a la plantilla el lunes para no suspender las clases. Pero los liquidadores, asesores de la propia Junta en el proceso de integración de las escuelas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), han dicho basta. Poniendo un necesario punto de cordura en toda esta locura, han comunicado a los trabajadores que La Cónsula y La Fonda estarán cerradas hasta que la situación se normalice. El mensaje es simple y fácil de entender. Un centro formativo no puede funcionar sin dinero y hasta que la Junta no pague no hay nada más que se puede hacer. No es un chantaje o una medida de presión, sino la única medida lógica que se puede adoptar en este momento.
En el mejor de los casos, la solución llegaría a primeros de marzo, aunque la Junta ha perdido toda credibilidad y es obvio que lo suyo no es cumplir las promesas. Mientras este momento llega no le quedará otra que aguantar las irremediables protestas de los trabajadores y los alumnos y el eco que se están haciendo de la situación grandes chefs como Dani García. A quien por cierto Susana Díaz sí tuvo a bien contestar en las redes sociales cuando el cocinero pidió por primera vez una solución para La Cónsula, donde él mismo se formó. Se ve que los alumnos, que ven enredado su futuro en este lío burocrático, no son tan importantes como para que la presidenta les responda directamente. O será que como ahora no estamos en campaña electoral ya no hay que vender promesas. La Cónsula y La Fonda tendrán que seguir esperando a que concluya un proceso que, sin duda, será legal pero que se está haciendo mal y con una lentitud desesperante.
