Los datos aislados que se conocen de Limasa acojonan, asustan, pero si se sueltan todos seguidos sin anestesia previa dibujan un esperpento de empresa cuyo coste anual para los malagueños es de casi 90 millones de euros y que va camino de su quinta convocatoria de huelga indefinida a pocos días de que se inicie la Semana Santa. Siéntense, pues aunque suene a fantasía lo que viene es sólo el resumen de lo último que se ha publicado sobre Limasa en los últimos meses. Y nadie, que se sepa, ha dimitido en ninguna de las partes afectadas o se le ha caído la cara de vergüenza. Una gestión sobresaliente, sin duda.

Empezamos. Casi doscientos puestos en esta empresa mixta con capital público se heredan de padres a hijos; Limasa batió su récord de absentismo laboral en 2015, con una media diaria del 14% que decide no trabajar, pero aún es peor en el servicio de recogida, donde de media el 17,82% de la plantilla no acude a su trabajo.

Seguimos. Los trabajadores convocan un paro ilegal el 16 de enero y deciden de forma unilateral que no salgan los camiones de la sede de Los Ruices como protesta por las sanciones impuestas a los trabajadores por bajo rendimiento; la empresa impone 271 sanciones cursadas contra unos 182 trabajadores por supuesto bajo rendimiento; la empresa acusa a los cerca de 200 operarios del servicio de recogida de realizar una huelga encubierta como respuesta al conflicto laboral y los trabajadores se defienden de que trabajan «a reglamento».

Más candela. Existe un comité de empresa que amenaza públicamente que los empleados no saldrán a trabajar si se ejecutan las sanciones; una encuesta entre los trabajadores admite que la imagen de la empresa es la peor de los últimos años y que los malagueños de forma mayoritaria perciben de forma muy negativa el servicio que ofrecen; otra encuesta, ésta de la Comisión Europea, señala que el principal problema para los malagueños es que la ciudad está sucia. En Bruselas ya saben lo que Málaga conocemos desde hace tiempo.

Terminamos. Por si le faltaba un detalle a Limasa, las relaciones empresa-trabajadores es inexistente; la empresa ingresa de 2001 a 2014 más de 24, 6 millones de euros por un polémico canon de asistencia técnica por el que la sociedad se lleva el 2,5% (ahora es del 1,4%) de la facturación por asesoramiento que los grupos de la oposición dicen que es inexistente; hasta 2011 la empresa tenía firmado por contrato obtener un beneficio del 2% para compensar a la parte privada el aumento excesivo de los costes laborales por las subidas de la plantilla; el gerente de la empresa reconoce que el criterio de selección de personal (además del hereditario) es el del «dedo» que señalan los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga; el gerente reconoce también que la ciudad no está más limpia por que no tiene más medios...

Veredicto. Ante tanto despropósitos sólo quedaría decir eso de no que tengo nada más que añadir, señoría, que me declaro culpable de todos los delitos y que me hago cargo de todas las costas procesales. Reconozco, señor juez, que esta empresa es ingobernable.

Y así es. Limasa es un enorme monstruo sin control, una fuente inagotable de conflictos y donde todas las partes tienen mucho que callar. Resulta hasta incomodo para cualquiera acusar al comité de empresa de estirar la cuerda más de lo necesario, más cuando con la maldita crisis siempre se tiende a igualar a todos por abajo. Pero ojo, el convenio de Limasa nunca ha sido de este mundo gracias a las negociaciones y a otras tantas huelgas realizadas. Además se da la circunstancia de que mientras gozábamos de la bonanza económica todos los conflictos laborales se parcheaban año tras año para alcanzar la paz social. Los beneficios, también. Y así hubo convenios con pluses de antigüedad, de nocturnidad, de actividad, de festivos trabajados; 17 pagas, una de las cuales se abonaba con el concepto de asegurar la asistencia al trabajo, u otros beneficios como la cesta de navidad, una quinta semana de vacaciones, disfrutar las vacaciones sólo entre junio y septiembre, no trabajar los fines de semana lo que implica más pasta para la contratación de eventuales y «domingueros» o que se cobrara 140 euros por trabajar un festivo. Y a la par, la empresa mantenía un pastizal asegurado con el 2% de los beneficios más un 2,5% de canon de asistencia técnica. El resultado: la ciudad poco adecentada, por ser educado.

Su gerente tiene el mérito de dirigir una sociedad que no contenta ni a la ciudad por el deficiente servicio que presta; ni al Ayuntamiento por los quebraderos de cabeza; ni a los trabajadores por el convenio; ni a los socios privados que tienen que renunciar a los beneficios pactados en el contrato. Durante años se ha tirado con pólvora del rey y aquí no pasaba nada. Fruto de todo este caldo de cultivo la burbuja de Limasa es tan grande que ahora resulta difícil racionalizar un convenio, más que nada por que cada parte defiende la legalidad de uno distinto.

Lo único bueno es que queda sólo un año del actual contrato y que en 2017 habrá que adjudicar de nuevo el servicio de recogida y basura de la ciudad. Y parece que el Partido Popular tiene claro que apostará por una privatización total del servicio, dividiéndolo entre varias empresas para la recogida de basura, otra para la limpieza viaria, para el tratamiento de residuos... Y tiene razón, sólo desguazando la actual empresa se puede dar con una solución ante este problema permanente en el que los ciudadanos sólo somos rehenes de nuestras propias basuras.