En defensa de D'Hondt y otras cuestiones. De la ley D'Hondt quiere decirse. Todos ustedes saben cómo funciona y cuál es su finalidad. Recordémoslo: se divide el número de votos de cada candidatura por sucesivos divisores, desde 1 hasta el guarismo que represente el número total de escaños en juego. Después se atribuyen los escaños por orden del mayor al menor de los cocientes resultantes. El sistema de reparto inventado por Víctor d'Hondt añade una pequeña prima a los partidos mayoritarios, con la finalidad de favorecer la formación de mayorías y, por tanto, la gobernabilidad. Es, pues, un método que, garantizando la presencia de los partidos menores, favorece la estabilidad del sistema.
Existen otras formas mucho más drásticas de propiciar las mayorías. Una de ellas es la de «regalar» un plus de escaños a la fuerza ganadora, como ocurre en Grecia o Italia. En el país heleno, por ejemplo, el partido de Tsipras ha sido beneficiado con 50 escaños en las últimas elecciones. La otra fórmula la constituyen los sistemas electorales mayoritarios. En ellos, ya mediante una segunda vuelta entre los dos primeros, ya mediante la exclusión de quienes no hayan ganado en su distrito electoral, se lamina o se reduce al máximo la presencia de la oposición o la pluralidad de la misma.
Como se ve, pues, el método D'Hondt es mucho más respetuoso con las minorías que los sistemas mayoritarios (y, por tanto, con la pluralidad social), al tiempo que facilita (pero no garantiza, ni mucho menos) la estabilidad de los gobiernos. Las distorsiones del sistema electoral español -y las quejas de quienes las sufren- no tienen que ver, pues, en realidad, con la ley D'Hondt, sino con otros dos parámetros de la Ley electoral: los umbrales de entrada en el reparto de escaños y la circunscripción electoral.
Las leyes electorales españolas establecen que el límite de entrada en el reparto de escaños se constituye, para las elecciones municipales, en el 5%; en las autonómicas, en el 5% o el 3%, según la legislación de las comunidades autónomas. Esos umbrales impiden en la práctica, elección tras elección, que muchos pequeños partidos que sí tendrían representación parlamentaria o municipal según la ley D'Hondt no la tengan, pues de no alcanzar ese porcentaje de votos, sus sufragios pasan a ser «botín electoral» de quienes sí lo hacen. Sobre esta cuestión no habrán oído ustedes casi nunca quejas, pues afecta a formaciones pequeñas, que no tienen capacidad ni para hacerse oír ni, mucho menos, para ser escuchadas.
El ámbito o tamaño de la circunscripción para las elecciones generales, la provincia, según la Constitución, es tenida también como una fuente de distorsión de la voluntad popular desde dos puntos de vista: el de aquellos que quisieran restringir la presencia de partidos nacionalistas o independentistas en las Cortes; el de quienes, siendo partidos de ámbito estatal y teniendo un número de votos alto en el conjunto de España, apenas obtienen escaños porque no consiguen alcanzarlos en el distrito electoral donde se obtienen, la provincia. Es la situación de IU, que con casi un millón de votos no obtuvo más que dos escaños en las últimas elecciones. En este caso, unos y otros, digamos los antinacionalistas y los comunistas de IU, demandan una única circunscripción para toda España: aquellos para que se diluyan los votos provinciales, estos para que se sumen.
Al respecto, apuntaré solamente que si hoy las fuerzas centralistas (todas las de ámbito estatal, en realidad) pasan por alto en su seno los problemas concretos de las comunidades pequeñas, ¿cuál sería la situación de no haber voces provinciales o autonómicas en el Parlamento español? Es una consideración que no parecen tener en cuenta muchos opinadores e, incluso, muchos votantes izquierdistas que presumen de autonomistas.
En otro orden de cosas, digamos que las dificultades de acuerdos para la formación de gobiernos o establecimiento de mayorías, como ha ocurrido tras las elecciones de diciembre pasado, no depende de la ley electoral, ni siquiera, como se suele decir, de la incapacidad de los partidos políticos para llegar a acuerdos; sino de la ferocidad sectaria de una gran parte de la ciudadanía, especialmente de los parroquianos de asistencia diaria a los oficios rituales de su partido o, más genéricamente, de lo que llaman «su ideología». Es verdad que esa división sectaria existe en todos los países, pero en casi todos hay, asimismo, un número suficiente de personas no entregadas con contumacia a una fe o que son capaces de cambiar su voto o prestar su apoyo coyuntural a otros partidos ante situaciones amenazadoras, como acaba de ocurrir en Austria o como ocurrió en Francia para evitar el triunfo de Le Pen.
Déjenme, para acabar, reiterar lo que vengo diciendo hace tiempo: las listas abiertas, que no alcanzan resultado práctico en ninguna parte del mundo y que aquí parece que van a ponerse en marcha próximamente, no tendrán, de momento, más virtud que la de complicar la vida a los miembros de las mesas electorales y favorecer los recursos ante los juzgados. A medio plazo, además, es fácil que fomenten el fulanismo, concedan un plus a quienes tengan más medios de fortuna y estimulen la demagogia.
