La ley Wert ha muerto sin que nadie guarda un minuto de silencio. El diagnóstico previo nada más nacer pronosticaba ya que la polémica ley educativa no sobreviviría. Desde el primer día que fue concebida por el exministro Wert fue considerada inaceptable por los sectores progresistas del mundo educativo porque propendía a segregar a los estudiantes. Ahí, Andalucía lideró la protesta de varias comunidades para tumbar una ley educativa que contemplaba reválidas obligatorias en primaria y 4º de ESO, lo que suponía abrir varios caminos que dejaban a una parte de la comunidad escolar en la estacada. Wert diseñó una trayectoria académica que obligaba a los alumnos de 4º de ESO optar por la Formación Profesional o el Bachillerato, es decir, el camino que conduce a la universidad, lo que situaba la FP en una especie de segunda división. Las comunidades gobernadas por el PSOE mantuvieron durante los últimos cuatro años una dura pugna con el gobierno central reclamando que la igualdad de oportunidades se debía extender a todo el proceso educativo obligatorio, de forma que nadie pudiera ser expulsado antes de tiempo del camino que conduce hacia los estudios superiores.
Éste ha sido el último de los debates sobre la educación en España, pero en 2012, cuando la ley Wert daba sus primeros pasos sonrojaba ver que la discusión sobre el modelo educativo de España se centraba en que el texto incluía, según unos, un agresión sin igual al sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña o que contemplaba importantes concesiones a planteamientos pasados, según otros, de la Iglesia católica en materia educativa. Si este fue y es el debate y no por qué España figura siempre en el furgón de cola de todos los informes y análisis de evaluaciones de los sistemas educativos mundiales, no habremos aprendido nada.
España está en ese furgón de cola por méritos propios; y Andalucía en la cola de la cola, por méritos también. La reforma educativa que hizo el gobierno de Mariano Rajoy fue la decimotercera del sistema educativo español. Desde 1980 se han aprobado en España 12 leyes orgánicas sobre educación, incluida la LGE de 1970 que reguló todo el sistema educativo y se aplicó hasta comienzos de los 80. Siete han legislado la enseñanza obligatoria y cinco de ellas se hicieron para reformarla; cuatro han regulado los estudios universitarios, y una, la Formación Profesional. Es decir, en treinta años los gobiernos del PP y del PSOE han experimentado con la educación sin dar con la tecla adecuada por que nunca han firmado un pacto de estado que permita un proyecto educativo integral y con financiación asegurada para los próximos quince o veinte años. Debido a esta mala educación de la clase política, cada cierto tiempo nos tenemos que comer titulares que dicen que los alumnos españoles de 9 y 10 años no saben leer y, lo que es peor, que no comprenden lo que leen. Por no incidir en los resultados de ciencias y matemáticas. En el conjunto de los últimos informes de la OCDE España puede alardear de superar a países como Georgia, Malta, Trinidad y Tobago, Azerbaiyán, Irán o Indonesia, por citar algunos con los que nos codeamos en los últimos puestos del informe europeo sobre la excelencia educativa. Pero da igual. Nos pasa igual en Eurovisión. A los partido les pone más reformar por decreto la educación con claros componentes ideológicos y, desde la oposición, censurar estos cambios con argumentos aún más ideologizados. En esto sí que somos los campeones de Europa.
Prueba de ello es la ley Wert, a la que ahora no lloran ni sus familiares políticos más cercanos. Fue una ley elaborada con un par, sin atisbo alguno de consenso, como sí lo intentó el exministro socialista Ángel Gabilondo al final de la etapa de Zapatero y que estuvo cerca de firmar un pacto de estado educativo pero los efectos políticos de la crisis y el adelanto de las generales pudieron con la educación.
Lo bueno de los gobiernos en minoría es que se acabó eso de hacer las cosas con un par. La nueva mayoría parlamentaria ha derrogado la LOMCE y el gobierno del PP se ha sumado a estos nuevos tiempos comprometiéndose con Ciudadanos y el PSOE a formar una subcomisión que en seis meses fije las bases del esperado pacto educativo que acabe con la mala educación. Mientras se elabora se acordó con las comunidades autónomas la eliminación de las reválidas obligatorias en primaria y en 4º de la ESO, y la conversión de la última de ellas en una prueba de selectividad muy semejante a la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los alumnos se examinarán de cuatro asignaturas troncales de 2º de bachillerato y podrán elegir dos asignaturas específicas para subir nota.
No será fácil forjar este pacto de estado con el currículum que presenta España pero es necesario ese consenso aunque haya dificultades sobre qué materias tienen más peso (¿se acuerdan de Filosofía?); sobre qué hacer con Religión; como encajar la enseñanza en las comunidades bilingües; qué porcentaje debe tener la educación concertada...
La Fundación del BBVA publicó un estudio que no se debe perder de vista. Concluía que la rentabilidad para un país de la inversión en educación es del 7% frente al 4% de media que produce la Bolsa. Un aliciente más para alcanzar ese acuerdo que aborde temas como la formación de los docentes, su metodología de trabajo, la actitud y sus aptitudes hacia su labor docente; cómo mantener en niveles bajos la ratio profesor-alumno; cómo lograr plantillas cohesionadas y estables en los centros; cómo lograr dotar de medios y de autonomía a los centros; cómo superar la desconfianza en los propios centros educativos al querer aplicar reválidas externas; cómo evitar las desigualdades entre centros al primar con inversiones al que obtiene más éxito; cómo combatir el fracaso escolar; qué hacer con los alumnos más aventajados...; en definitiva, cómo mejorar un sistema educativo que hace aguas tanto por la falta de un modelo claro, como por la falta de financiación o por la desmotivación de profesores y alumnos que ven como las reglas del juego cambian cada cuatro años al capricho del gobierno de turno.
De esto se trata, de acabar con la mala educación. Y para este viaje es vital aumentar el presupuesto. El último informe de la OCDE alertaba de que el gasto educativo español (4,3% del PIB) es inferior a la media de los 35 países de la OCDE (5,2% del PIB). Además, mientras que la mayoría de los países mantienen invariable la inversión en educación (11% del gasto público total) España bajó un punto en este periodo, hasta el 8% del gasto total. Así nos va.
