Las revelaciones sobre las presuntas prácticas irregulares de Cristiano Ronaldo y otras personas del mundo del fútbol para no tributar en España parte de sus ingresos ya no sorprenden a nadie. Desde hace bastantes años, los futbolistas encontraron en los derechos de imagen una rendija por la que tributar menos que por otros conceptos de su contrato, o para ocultarlos directamente con la constitución de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales. Lo que sorprende de las informaciones que se van conociendo en los últimos días es la cantidad, unos 150 millones de euros en el caso del delantero del Madrid, aunque vaya en consonancia con los ingresos de uno de los deportistas mejor pagados del mundo.

Como se puede comprobar repasando las hemerotecas, ningún gremio está libre de contar con defraudadores fiscales. Lo que cambia es la percepción de la sociedad. Mientras que banqueros o políticos reciben la reprobación general, con la gente del espectáculo suele haber división de opiniones. Ha pasado con tonadilleras o actores y, por supuesto, con futbolistas como Leo Messi, aclamado por un puñado de fans en alguno de sus paseíllos hacia el Juzgado. Con Cristiano Ronaldo va camino de ocurrir lo mismo. Muchos madridistas sospecharon de la coincidencia de la revelación de los datos en vísperas del Clásico y bastantes siguen viendo en todo esto una conspiración contra el portugués.

A la espera de la intervención de Hacienda y, llegado el caso, de la Justicia, para los aficionados al fútbol debería de resultar decepcionante que los dos mejores jugadores del mundo muestren una falta de sensibilidad total hacia los habitantes del país en el que han ganado una fortuna. Siempre, pero sobre todo en esta época de apreturas, ese dinero hurtado a las arcas públicas agrava las dificultades de mucha gente afectada por los recortes del Estado. Una actitud que chirría todavía más en el caso de dos deportistas que han intentado lavar su imagen con fundaciones o donaciones con fines presuntamente benéficos. Son gestos que quedan en evidencia antes estos goles en propia puerta.

Capítulo aparte merece la actuación del juez Arturo Zamarriego. Aunque haya base legal en su auto para prohibir las informaciones de doce medios de comunicación europeos, apelando al derecho a la privacidad de los afectados, fuentes jurídicas hacen dos consideraciones: por un lado, ese derecho a la privacidad choca con otro fundamental como el derecho a la información; y, por otro, hay que tener en cuenta que en la documentación presuntamente sustraída al bufete de abogados Senn Ferrero no se recoge un conflicto entre particulares, sino unas actuaciones que perjudican a las arcas públicas españolas y, por tanto, a sus ciudadanos. No se recuerda un precedente similar y, además, la intervención de Zamarriego se queda en un brindis al sol porque llega tarde, ya que lo más importante ha salido a la luz.