Se gesta ya en el primer estómago de ese rumiante llamado Estado de Derecho el que podría ser un cambio radical en el modelo penal práctico en España, con el traspaso de las funciones de instrucción de los jueces a los fiscales. Es, ciertamente, un cambio cien veces anunciado, y que llevaría a un sistema homólogo al de muchos países, pero la cuestión es ¿hace falta?, ¿conviene?, ¿ayuda a que el ciudadano tenga la sensación de que la Justicia es de veras independiente?. Hoy por hoy el Ministerio Fiscal es una institución jerarquizada, sometida en su cúpula al poder ejecutivo, y sólo el pundonor de muchos fiscales ha logrado evitar más intromisiones. Resulta inevitable que cunda la sospecha de que el Gobierno (¿y también la oposición?) quiere evitar más sustos, pero no vale quitarle sustos al poder si es a costa de asustar más al ciudadano haciendo más larga la mano de ese mismo poder.
