¿Hay tantísima corrupción en España como se ve en los medios? Esa es pregunta asegurada cada vez que se asoma uno al exterior. La duda es legítima porque hay telediarios donde los casos judiciales se suceden hasta casi los deportes, solo interrumpidos por la lacra de la violencia machista con una víctima semanal de promedio. Pero lo que vemos es producto de casi veinte años de desmanes. Correa, Crespo y El Bigotes han entrado en prisión por asuntos viejos del frente corrupto en Valencia. Otras veces acuden por la Gurtel madrileña. Francisco Granados por la trama Púnica que se extendía por varias provincias sin que Esperanza Aguirre sospechara de su hombre de confianza. Puede pasar. También Felipe Gonzalez declaró que «antes de creerme que el presidente navarro Gabriel Urralburu, amigo mío, era corrupto, me hubiera dejado atravesar por un cuchillo contra la pared. Y resultó ser verdad». De eso hace un cuarto de siglo.

Sigamos: Ana Mato comparece como testigo por regalos de Correa a su exmarido, Jesús Sepúlveda, que ella debió percibir, pero, como confesó, hundida, a unos allegados, para entonces el matrimonio estaba roto aunque mantenía las apariencias. Alto coste colateral ése, si hay conductas descarriadas y pasión por los coches de lujo. Más: el desfile judicial de Bankia es por asuntos relativamente recientes, con Bleda y Rato como estrellas principales, pero salpica los informativos como si fuera de hoy. Barcenas lo mismo, aunque su caso, pendiente para la Justicia, está archivado y amortizado en el PP. Pero sigue ahí. Y el caso Noos por fin se sustancia, infinitamente menor en lo económico pero estruendoso hasta en la prensa del corazón porque rozaba la Casa Real o, en denominación moderna para alejar el impacto, «afectaba a familiares del rey». Todo muy viejo pero que crea opinión nacional e internacional muy negativa.

Nadie duda de que ahora hay muchísima menos corrupción en España porque se acabó aquella perniciosa pasividad hacia las malas prácticas en Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía. Lo estamos purgando. Ya se desarticularon las tramas de gente cercana al PP, de los Eres de la Junta andaluza y del tres por ciento de Pujol. Pero no basta: es urgente una aceleración de los procesos, no para librar a nadie de responsabilidades, sino para acabar con ese terrible circo que llaman mediático pero que es, sobretodo, judicial. Como definía gráficamente un socialista andaluz, «la jueza Alaya es especialista en coger un caso -desde los Eres al Betis porque se queda con todos los que puede sin resolver nada- y cortarlos en filetitos muy finos». Cierto. Para el consumo diario en el supermercado informativo; y en vísperas electorales mejor.

Casos viejos y tortura eterna de los encausados, corruptos unos y otros no, que parecen actuales. Y para que no decaiga, llegan refuerzos. Las reuniones del ministro de Justicia Rafael Catalá y su roce con la Fiscalía, sobre posibles imputaciones de los presidente de Murcia y La Rioja, deberían ser mejor explicadas. La Policia ofrece un serial de desavenencias entre algunos altos cargos, más desaparición de informes como el Marta del Castillo -pobre muchacha y pobre familia, desapareció ella y hasta su informe policial- y hallazgos misteriosos, o mágicos, como el pendrive sobre los Pujol al hacer limpieza de cajones. Pero lo más inquietante no son los trucos de magia policiales -desaparece esto por aquí y aparece lo otro por allá- sino las declaraciones del ministro del Interior Zoido referidas a la necesidad de que el estado de derecho se deje sentir en su departamento. Atención a esas declaraciones y a ese ministro, ex alcalde de Sevilla, pero por encima de todo juez. Y jueces y policías siempre se llevaron mal. En un gobierno que apenas habla -solo Montoro hace declaraciones y no siempre afortunadas- las palabras del ministro exigen explicaciones complementarias. ¿Qué ha encontrado Zoido en ese Ministerio? Debemos saberlo.