Cada vez llevo peor lo de los títulos, en fin. Por si acaso viven ustedes en una cueva y no se han enterado yo se lo cuento: han absuelto a la Infanta, y a su marido el Urdangarín, Urdan para los amigos, "sólo" le han caído seis años y tres meses a la sombra. Pero no teman, hoy no voy a reemprender mi lucha por la presunción de inocencia, el analfabetismo democrático de este país, la marabunta aborregada que se cree todo lo que sale por la tele y el impune proselitismo de ciertos medios de comunicación, no. Hoy, tras leer en ABC la entrevista al fiscal del Caso Noos, Pedro Horrach, quiero discurrir por el tortuoso y, cada vez más lamentable, papel de alguna acusaciones.

El hasta hace tres días representante del Ministerio Público ha repartido estopa contra todo el que se ha movido en el proceso, no ha dejado títere con cabeza. Ha tenido para el contaminado juez instructor, para la rigidez de las magistradas sentenciadoras, para los medios y, sobre todo, para la acusación popular. De todo lo que ha dicho Horrach sólo comulgo con una cuestión, y es el indeseable papel procesal de esta última, la acusación popular.

Lo normal en el proceso penal es que el ofendido interponga denuncia o querella por los hechos a investigar, a lo que, dependiendo del caso en concreto, se sumará el Ministerio Fiscal, o no. Pero existe una figura decimonónica en nuestra legislación que permite a un ente privado personarse en la causa si entre sus objetivos puede existir interés en el juicio, lo cual queda muy bonito y muy decoroso si no fuera porque en la práctica son realmente palmeros que buscan el puro interés mediático, véase Manos Limpias. Tan descalificable ha sido su labor en la acusación contra las esposas de los principales condenados que al tribunal no le ha quedado más remedio que imponerles las costas del proceso, hecho este casi insólito, o lo que es lo mismo, les va a doler el bolsillo por haber hecho el ridículo y dar el coñazo, ambas cosas más de lo normal.

Es de resaltar que la acusación popular es un instrumento jurídico que no existe en ningún otro país serio en derecho comparado, lo que da a entender lo prescindible de su naturaleza. Tristemente vemos demasiado a menudo cómo una figura nacida de la buena fe del legislador se ha pervertido dando lugar a una estupidez supina que pretende suplantar el rol del acusador público, como si la sempiterna publicidad judicial no les permitiera controlar el proceso y sus preocupaciones desde una perspectiva extraprocesal. El modus operandi radica en repetir paridas a modo de mantra en pantalla para intentar ganar adeptos a la causa, y es que por lo general suelen hincharse de salir en radios y televisiones, seguro que los han visto con su querencia desmedida al micrófono pues, también por lo general, no hacen más que transmitir una idea errónea de la realidad que los jueces profesionales manejan. En el fondo algunas dan hasta penita, suelen aprovechar su minuto de gloria para exprimir una publicidad impagable dando a conocer su propia asociación, así buscan un reconocimiento social que les granjee vías de trabajo que de otra forma y en buena lid no consiguen. Se ve que su propia inoperancia y efectividad se lo impiden.

Algunas acusaciones populares están representadas por letrados bienintencionados que creen realmente en la causa. Nadie debe olvidar la intachable labor de decenas de abogados que durante años se han partido la cara a favor de las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, y así otros ejemplos, pero otra cosa bien distinta son las que nacen por y para su autobombo, su escaparatismo y su promoción, todos ellos intereses tan ilegítimos como entorpecedores para la búsqueda de la verdad material, que al fin y al cabo es lo único que importa. Estas son la vergüenza de aquellas.

Dice también Horrach que la Infanta fue sentada en el banquillo por ser quien es y por la presión mediática, lo que equivale a llamar prevaricador en román paladino al juez instructor por permitir su procesamiento cuando, según la Audiencia Provincial de Palma, Manos Limpias no ha aportado una sola prueba de la participación delictiva de la hermana del Rey ni de la mujer de Torres. Es encomiable que un fiscal anticorrupción tenga la valentía de reconocer que en España se puede procesar a alguien por la presión mediática, pero da pánico.

Ahora, por lo visto, hay que cuidarse de ciertos medios de comunicación y de que tres descerebrados te monten una asociación que se persone en la litis para arruinarte la vida. Menos mal que la imparcialidad del juzgador sigue intacta, a no ser que Horrach me desmienta.