Desde un punto de vista legal, el asunto catalán es bien simple. En 1978 se aprobó por los representantes populares, incluidos los de Catalunya, una Constitución que durará hasta que se reforme por el procedimiento previsto en ella. Según ese pacto constituyente, que permitió dejar atrás una dictadura surgida de una guerra civil, España es un Estado, pero sus distintas partes gozan de amplia autonomía. El pacto en cuestión fue ratificado en referéndum por todos los españoles, con el voto ampliamente mayoritario de los catalanes. Ahora una parte de éstos quiere romper el pacto y separarse de España, y puesto que el resto de españoles no está de acuerdo en que lo pactado en 1978 ya no sirva, amenaza con irse de todos modos convocando un referéndum sólo para catalanes. Como España no les deja darse el capricho, e insiste en que se cumpla lo acordado, España es un Estado autoritario (Pep).