Si hay algo a lo que se agarra el Gobierno español para repetir victoria en las siguientes elecciones legislativas es al crecimiento económico del país, a punto de culminar su cuarto año, tras la grave crisis del período 2008-2013. Y es que, por tercer ejercicio consecutivo, el PIB aumentará más del 3%, mejorando las previsiones del propio equipo económico gubernamental.

Sin embargo, esta halagüeña situación ya no es garantía para que el PP vuelva a lograr una mayoría absoluta (como en 2000 o en 2011). Parte de ello es culpa de los innumerables escándalos de corrupción que afectan al PP (cuyas secuelas no han concluido) pero otra, no menos importante, se debe a que la recuperación muestra aspectos que oscurecen el optimismo gubernamental.

Así, pese a que el paro oficial ha bajado del 27%, de 2013, a algo más del 18%, en la actualidad, si se sumaran los desanimados, los disponibles para trabajar y los subempleados (entre los que se encuentran los empleados a tiempo parcial, un 16% del total) el desempleo ascendería a cerca del 30%. Y no lo afirma un organismo radicalizado; son datos extraídos de un estudio del Banco de España.

Más aún, si nos fijamos en las rentas de aquellos que trabajan o tienen una prestación (los datos más recientes son de 2015) nos encontramos con que casi el 65% de las declaradas están por debajo de los 21.000 euros brutos anuales, lo que nos indica (indirectamente) que la economía española no se basa en generar empleos de alto valor añadido, que deriven en elevadas remuneraciones. Y eso que, justo ahora, estamos empezando a notar el impacto devaluador de los empleos creados por la economía digital. Pero eso da para otro artículo.