23 de septiembre de 2017
23.09.2017
Nuestro mundo es el mundo

Rajoy tropieza otra vez con Cataluña

23.09.2017 | 05:00

¿Si el PP hubiera aceptado antes la propuesta de Pedro Sánchez de una comisión parlamentaria para la reforma de la Constitución y el encaje de Cataluña, el independentismo habría suavizado su actitud y estaríamos ante una crisis menos grave? No lo sé, porque llevamos demasiados años de desencuentros. Desde la sentencia del Constitucional del 2010.

Pero lo seguro es que tendría que tenerlo en cuenta porque dicha comisión se ha acabado aprobando con los votos no sólo del PSOE sino también del PP, PNV, Podemos e incluso el propio PDeCAT. Sólo han estado en contra ERC y C´s. Y en asuntos espinosos, la prioridad es tener abiertos los más puentes posibles.

No ha sido así y el independentismo aprobó, a primeros de mes, sus dos leyes de ruptura con España. Dije la semana pasada que el choque de dos legalidades –la insurreccional y la constitucional– sería duro porque en un país sólo puede haber una legalidad. Y añadí que –lógicamente– el Estado había puesto en marcha la maquinaria necesaria, pero que el peligro era buscar vencer más que convencer. Así está siendo. Restablecer el estado de derecho no es un concurso de elegancia, pero hay que procurar que las medidas coercitivas –inevitables– sean proporcionales, comprendidas por la opinión pública afectada (en este caso la catalana) y no alimentar incendios que acaben envenenando la crisis todavía más.

El Estado debía actuar y la suspensión de la autonomía financiera –tras la desobediencia de Jonqueras– y buena parte del dispositivo judicial del miércoles (44 entradas y registros en empresas privadas y dependencias de la Generalitat) era inevitable. Pero no lo eran ni los excesos anteriores del fiscal general al citar como imputados a 712 alcaldes (el 75% del total), que sólo logró enervar a buena parte del catalanismo moderado, ni proceder a espectaculares detenciones de altos cargos de la Generalitat.

La consecuencia ha sido provocar no sólo la insurrección callejera del separatismo organizado (previsible), sino el rechazo de gran parte de la sociedad catalana que hace pocos días estaba indignada con el independentismo por su actuación en el parlamento catalán y por la presión a los alcaldes del PSC (no hay del PP o de C´s) para que prestaran locales al referéndum unilateral. Imponer el respeto a la Constitución es necesario, pero buscando la complicidad, o como mínimo la comprensión, de la opinión pública. Que el Club de Fútbol Barcelona o el Colegio de Abogados censuren ahora públicamente las actuaciones del Estado indica que este objetivo no se ha logrado. Y la gran cacerolada del miércoles por la noche es algo a no ningunear. La comprensión ciudadana debe ser una prioridad.

El independentismo no podrá hacer el referéndum porque el operativo del miércoles puede haberlo desbaratado, pero intentará –con urnas o sin ellas– convertir el 1-O en una gran manifestación independentista y de censura a España. Esperemos que la legalidad constitucional no se vea alterada gravemente.

Pero no hay duda, el gobierno Rajoy ya está pagando la crisis catalana. Se equivocó en el 2006 cuando el recurso invasivo contra un Estatut aprobado en el Congreso, el Senado y en referéndum en Cataluña. Se volvió a equivocar cuando no vio que con su mayoría absoluta (2011-2015) debía haber intentado cerrar la crisis, y tras su última investidura al dilatar la apertura del diálogo en el Congreso, y al no incorporar a su gobierno a gente de la sociedad civil catalana.

Ahora debe afrontar una crisis que ha dejado pudrir. Tiene el apoyo –obligado, pero no siempre sin problemas– de C´s y del PSOE. Y no debe olvidar la proporcionalidad que predica. Con todo, la crisis catalana le está castigando. De entrada, se le complica toda la legislatura. Ya ha debido retrasar la aprobación de los presupuestos del 2018 porque el PNV –imprescindible– no quiere votarlos con media Cataluña en actitud insurreccional. Urkullu instó ayer al diálogo –como hace el PSOE– pero significativamente añadió que no convenía «echar más gasolina al fuego».

Rajoy debe hacer respetar la Constitución. Pero lo tendrá difícil sino interioriza que abordar la cuestión catalana sólo desde el prisma legal, y retrasando la negociación de un mayor autogobierno y la reforma de la Constitución –asuntos embarazosos para el PP–, sólo ha conseguido envenenar la crisis, hacerla más difícil de encauzar y complicarse una legislatura ya endemoniada al carecer de mayoría absoluta y al no serle suficiente el apoyo de C´s, cuyo primer objetivo no es la gobernabilidad sino ganar influencia a costa de los dos grandes partidos.

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