La Unión Europea quiere regular «la nueva economía digital» (sic). Al parecer, desde la eurocámara han llegado a la conclusión de que, de repente, un montón de empresas que operan principalmente ofreciendo sus servicios a través de internet, no estarían pagando los suficientes impuestos. Todo esto, también al parecer, se debe a que esas empresas venden «intangibles» que hasta ahora habían escapado al control y a la regulación vigente. Para que nos entendamos, estamos hablando de suscribirse a Netflix o Spotify, de alquilar pisos a través de AirBNB o de pagar por almacenar las fotos del móvil en la nube. Eso y mucho más. Se trata también de los beneficios por publicidad de Facebook y Google, o las ganancias de Apple por las descargas de juegos para el móvil. Una serie de servicios que generan pingües beneficios a las empresas que los prestan o que sirven de plataforma de intercambio ente proveedor y cliente... comisión mediante.
Entienden sus señorías los europarlamentarios que es escandaloso que esas empresas con sede en la cochinchina apenas tributen en los países en los que se presta el servicio (al fin). Se debe esto, claro está, a que el servicio en sí no se presta en ningún país, sino que se ejecuta en Internet ¡Ay, Internet!, ese mundo indefinido, etéreo y sin fronteras. Cuán complejo es poner puertas al campo, más aún, si el campo esta en el espacio y no en la tierra.
La Unión Europea baraja tres ideas: Gravar el volumen de ingresos, retenciones fiscales sobre las transacciones digitales o aplicar una nueva tasa sobre la factura que se genere desde cada país. En definitiva, tener en cuenta la residencia de los compradores y no la de los vendedores. Simple y brillante. Que le den al Impuesto de Sociedades. Sin duda, una pequeña revolución económica. ¿Cuándo han dicho que lo ponen en marcha?
Ah, no. No se emocionen. Es solo un borrador. Una propuesta. El documento presentado el pasado jueves por la Comisión Europea no tiene ningún efecto legislativo. La intención de Bruselas es esperar a que la OCDE ofrezca unas directrices claras allá por mayo de 2018.
He aquí el problema. Spotify comenzó a operar en 2006, Airbnb lo hizo en 2008 y Netflix en 2010. Estamos en septiembre de 2017 y aún no sabemos qué regular ni cómo hacerlo. Lo llaman economía digital y hablan de intangibles como si fuera magia negra. Algo complejísimo de entender y regular. Analizan, redactan borradores, memorándums, informes... ¡seguro que algún Power Point ha caído! Y mientras tanto, ahí afuera, hay un mundo en movimiento lleno de simpleza. ¿Acaso no son un intangible las lecciones de un profesor de piano? ¿Y asistir a un concierto o ver una película?
Mientras empresas que son instituciones centenarias ofrecen soluciones modernas a problemas del siglo XXI, las administraciones, desde las locales a las supranacionales, siguen comportándose como hace 200 años (o más). Y no solo las administraciones, también, y sobre todo, los tribunales. La Constitución es un marco y las leyes son generales.
La clave es la interpretación que se hace de estos instrumentos. Ahí es donde nos jugamos que un sistema avance o se quede estancado y por ende obsoleto. Estamos en sus manos. Unas manos poco digitales, amantes de las fotocopias, de los lenguajes oscuros (y llenos de faltas) que les garantizan el monopolio de la interpretación de las leyes. ¿Sabían que en España Internet se considera un archivo y, por tanto, se rige por esta ley? Sí, sí, la de un archivo de papel...
El presupuesto de la Unión Europea asciende a 161.800 millones ¿cuántos hacen falta para poner en marcha un mecanismo que le cobre impuestos a unas empresas que operan siempre a través de tarjeta de crédito dejando un rastro luminoso de todo el dinero que tocan? ¿Cuántas sesiones de la eurocámara son necesarias para ver que el mundo ha cambiado y sus leyes siguen ancladas al pasado? ¿Cuántos meses (¡años!) les han hecho falta a nuestros gobernantes para darse cuenta de que en internet había nacido un nuevo, incipiente y fructífero sector económico vinculado a los servicios y a la publicidad? Llegan tan tarde que cuando aparezcan ya no estaremos allí.
Debate más complejo y elevado será el valor que le imponemos a esa tasa. Porque una cosa es que Facebook pague lo que debe por los millonarios beneficios que obtiene de cobrar a las empresas que se anuncian en su plataforma; y una muy diferente será aquella que le apliquemos a los servicios de música o libros. ¿O acaso lo que ofrecen Netflix, Kindle o Spotify no es Cultura? ¿O es que la Cultura, cuando se vuelve masiva, deja de ser Cultura y por tanto ya no es bonificable? Precioso debate. A ese, si quieren, le dedicamos todo el tiempo del mundo.
