Las devoluciones inmediatas y sin garantías de personas migrantes cuando intentan sortear la vallas de Ceuta y Melilla son una práctica habitual en nuestro país desde hace veinte años. Son expulsiones que incumplen las leyes internacionales y también las nacionales de Extranjería. Vienen siendo y son ilegales y así lo dictaminó el pasado 3 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenando al Estado por la devolución en caliente a Marruecos de dos migrantes en 2014.
No se trata de un comportamiento nuevo. Estas expulsiones automáticas, realizadas sin mediar procedimiento administrativo, se remontan al Gobierno de José María Aznar, continuaron con la llegada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente con el presidente Mariano Rajoy.
En 2015 el Gobierno español, consciente de esta situación, intentó cambiar las reglas para, con un barniz de legalidad, tratar de orillar la legislación e incluyó una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana que enmienda la Ley de Extranjería amparando la devolución automática mediante la figura jurídica del «rechazo en frontera».
Ante la reciente condena del Tribunal, el Gobierno debe derogar esta disposición adicional y paralizar cualquier tipo de devolución ilegal de las personas que cruzan las alambradas de Ceuta y Melilla. Los migrantes tienen derecho a la asistencia individualizada de un letrado y de un intérprete. Si son interceptadas por las fuerzas se seguridad del Estado deben ser identificadas por las autoridades y tener la oportunidad de recurrir la resolución de devolución si esta procede.Más aún cuando los propios datos oficiales contradicen el discurso del Gobierno: Como acaba de hacerse público, la imposibilidad de que las personas de África subsahariana puedan acceder a las oficina de asilo de Ceuta y Melilla, las empuja hacia vías que ponen en juego su integridad y, en demasiadas ocasiones, su vida.
La modificación de la ley de Extranjería se produjo después de la tragedia del 6 de febrero de 2014, cuando 15 personas murieron ahogadas intentando alcanzar a nado la playa de El Tarajal en Ceuta tras el acoso de la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Ese día, además, fueron devueltas de forma ilegal 23 hombres y mujeres. Según el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no hubo devoluciones ilegales sino rechazos legales en la frontera. La sentencia del TEDH evidencia que el argumento del exministro no tiene ningún sustento y contraviene el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Oenegés como Andalucía Acoge, de la que forma parte Málaga Acoge, la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDH), el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Prodein, entre otras, además de varios Colegios de Abogados y el propio Defensor del Pueblo expresaron su rechazo frontal a esta modificación de la ley de Extranjería y vienen denunciando de forma constante las devoluciones en caliente.
Lejos de hacer autocrítica ante la condena de Estrasburgo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificado estas expulsiones inmediatas argumentando que el «rechazo en frontera» no es incompatible con defender los derechos humanos y no ha desvelado aún si dará órdenes a la Guardia Civil para frenar las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.
Lo que está claro es que el Gobierno no puede seguir actuando de la misma forma pese a que la sentencia del Tribunal no sea firme todavía y esté estudiando un posible recurso.
Esta sentencia, la primera que condena al Estado por estas prácticas, sienta además un importante precedente. El mismo Tribunal investiga una denuncia interpuesta por Andalucía Acoge por una devolución en caliente en 2014 en la que presuntamente se infringió trato degradante a un migrante congoleño al que se arrastró y devolvió a Marruecos en estado de inconsciencia tras cruzar la valla de Melilla. Las mismas alambradas que recientemente el presidente de esta ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha pedido que se hagan más altas en caso de que, como dictamina la sentencia, no se pueda devolver ilegalmente a quienes las saltan.
La condena del TEDH constituye todo un espaldarazo al rechazo de las expulsiones en caliente en la frontera sur. Por precaución, coherencia y respeto a las decisiones judiciales el Gobierno español debe abstenerse de continuar con estas prácticas generalizadas contrarias a los derechos humanos. Estaremos vigilantes.
*José Luis Rodríguez Candela es vocal en Málaga Acoge
