17 de octubre de 2017
17.10.2017
Al azar

El Gobierno da marcha atrás

17.10.2017 | 05:00

El Gobierno le recordó a Puigdemont que cualquier respuesta distinta de sí o no era que sí. El president catalán respondió ayer que ni sí ni no pero con un claro escoramiento a la afirmación, al consignar que «la mayoría del pueblo catalán quiere emprender su camino como país independiente». Por tanto, casi sí y nada de no. Ergo, sí. Frente a la única contestación posible para la Generalitat sin perder a sus votantes electorales y referendarios, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría insiste en que el satánico Puigdemont no ha dicho ni que sí ni que no, porque «no dice que la haya declarado». Por tanto, es sí, pero ya no. La portavoz del Gobierno, casi llorosa y por primera vez desarbolada, da marcha atrás a la mano dura y se aferra a que «el requerimiento tenía dos plazos». Atribuye a Puigdemont «perseverancia», virtud y no vicio.

A falta de instalar un elemental servicio de traducción simultánea entre catalán y castellano, dos idiomas tan sencillos y parecidos, resulta absurdo obviar que Puigdemont marcha camino de la independencia. El exiliado perpetuo Rajoy así lo reconoce en su apresurada contrarréplica, al calificar de «documento redactado en términos inequívocos» la declaración firmada tras el pleno del Parlament de una semana atrás. De nuevo, el Gobierno se refugia en una democracia a plazos o aplazada. Los sucesivos ultimátum demuestran que La Moncloa teme más la ocupación de Cataluña que su independencia. Ambas son irrealizables, salvo que se piense en el Ulster.

Pese a los voluntariosos esfuerzos de la prensa madrileña por reconducir al gobierno titubeante hacia la senda belicista, y contra la insistencia de los medios independentistas por pregonar una secesión romántica, se ha impuesto el cálculo. Rajoy bordea el cinismo, al reprochar a Puigdemont que no representa a la mayoría de catalanes, cuando el presidente español solo fue votado por uno de cada cinco adultos. La despedida, «será usted el único responsable de la aplicación de la Constitución», implica que el Gobierno no actúa hoy en Cataluña con criterios constitucionales.

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