Oscurecido por el monotema de la murga catalana, ha pasado casi desapercibido el 40º aniversario de los Pactos de la Moncloa. En uno de los medios que les dedica más espacio se califica aquellos acuerdos como «paradigma mundial de diálogo y de convivencia democrática entre todas las fuerzas y territorios» y la base indispensable para que España pudiera iniciar el camino de la modernización hacia Europa y hacia la prosperidad. ¿Es un juicio exagerado? ¿Es simplemente un juicio periodístico a la espera de que un análisis histórico más ponderado haga un diagnóstico certero? El momento político en el que discutieron y firmaron era complicado. La nación salía de una larga dictadura, se habían celebrado en junio las primeras elecciones democráticas, no existía Constitución y el mundo afrontaba una aguda crisis por el alza del precio del petróleo. Y las consecuencias para España eran preocupantes. La inflación llegó a rozar el 30%, el tipo de interés para créditos superaba el 10% y el paro casi alcanzó el millón de trabajadores. Un conocido periodista de la época escribió que si el paro llegase a afectar a dos millones de personas estaríamos en puertas de una revolución social. (Andando el tiempo alcanzamos los cinco millones y pudimos comprobar que el sistema todavía tiene mecanismos para asimilarlo transfiriendo más sufrimiento a la población). Y a todos esos malos datos había que sumar una legislación laboral paternalista (despedir de forma improcedente a un trabajador representaba una indemnización de cuatro años de salario), y una estructura empresarial vetusta y muy intervenida por el Estado. En esas circunstancias, y con los precios fuera de control, resultó obligado devaluar la peseta un 20%. Pero eso no era suficiente y entonces Adolfo Suárez, aconsejado principalmente por el vicepresidente económico del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, lanzó la iniciativa de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para poner remedio a la crisis y sentar las bases de la recuperación. El objetivo, aparte de poner a salvo el incipiente régimen democrático, fue muy bien definido por José Luis Leal (más tarde ministro de Economía con Suárez). «La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos». La idea de ese «ajuste general» era de inspiración fundamentalmente liberal y los sindicatos no fueron invitados a la gran mesa del pacto pese a que muchos de los aspectos tratados eran de interés social. Y fue entonces cuando se acordó que de ahí en adelante los salarios se incrementarían siempre por debajo del índice de la inflación prevista y no de la inflación real. Un acuerdo que años más tarde fue calificado por Felipe González como el más importante de entre los que se trataron. Algunos puramente retóricos. Como el que supuso la creación de una comisión en el Congreso para tratar sobre el destino de la Prensa del Estado en la que el que esto escribe hubo de participar en representación de los trabajadores. Nada de lo acordado allí fue luego cumplido.