Las 572 personas inmigrantes que han estado recluidas en la cárcel de Archidona no han cometido delito alguno. Sin embargo, han estado privadas de libertad casi un mes y medio en un lugar claramente penitenciario y al margen de lo que establece nuestra legislación. En la cárcel de Archidona se han reproducido todos los paradigmas negativos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): opacidad, indefensión, limitación de derechos, presencia de menores, incumplimiento de plazos de resolución de demandas de asilo y finalmente un suicidio.
El Ministerio del Interior puso final a este desproposito abruptamente, repartiendo a las personas internadas que quedaban - algunas de ellas, insistimos, menores y solicitantes de asilo - entre los CIE de Algeciras, Tarifa, Madrid y Barcelona. Ahora dice que «procederá a reparar los daños que se han producido» en las instalaciones para su próxima apertura como centro penitenciario. ¿Y quién repara el daño infringido a los migrantes que han visto violados sus derechos? ¿Quién repara el daño ocasionado a la familia de Mohamed Bouderdala, de 36 años, que se suicidó tras permanecer 18 horas solo en su celda sin ni tan siquiera recibir la cena y sin que nadie se interesase por su estado? ¿Quien repara los derechos de los menores que en vez de estar en un centro de protección han permanecido encerrados en una cárcel junto a adultos?
La reclusión en la cárcel de Archidona, anunciada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como una medida excepcional y provisional ante «la avalancha de inmigrantes irregulares» llegados a las costas, ha devenido en una «avalancha» de vulneración de derechos y una improvisación al margen de la ley: un desastre sin paliativos y una chapuza organizativa.
La gestión de esta situación por parte del ministro Zoido ha sido un fracaso desde el principio cuando se decidió trasladar a las personas migrantes a un centro penitenciario contraviniendo la ley de Extranjería. Y de esos polvos vienen estos lodos: No está clara la información que se dio a los jueces, que dictaron autos de internamiento tan dispares y disparatados como el que disponía la reclusión de los migrantes en un «centro temporal de inmigrantes de Archidona dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga», que no existe desde 2013.
La cárcel de Archidona ha sido un agujero negro de los derechos humanos: un lugar que no cumplía con ninguna de las condiciones requeridas en los CIE. Custodiado por policías de la unidad de intervención que no tiene entre sus funciones la vigilancia de un centro de internamiento, sin agua potable, ni muda de ropa al principio, carente de registro para las quejas de los internos, Archidona ha sido una improvisación total. No existían horarios de visitas, las entrevistas no podían en un comienzo ser personales, sino a través de locutorios. Tampoco se permitió la entrada de las oenegés ni la realización de un primer informe médico al ingresar los migrantes, como lo exige el Protocolo de Prevención de Suicidios. ¿Dónde están esos informes señor Zoido? ¿Y el de Mohamed Bouderbala?
La falta de voluntad del Ministerio de Interior de actuar con respeto a la ley y a los derechos humanos ha quedado bien patente con el internamiento de menores de edad en el centro penitenciario. Hasta el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a petición de Málaga Acoge, solicitó al Gobierno español la no devolución de tres menores y su inmediata entrada en un centro de protección. Sin embargo, a los pocos días de recibir esta petición, el Ministerio procedió a la devolución a Argelia de dos de ellos. De hecho, con muchas dificultades, se pudo identificar a diez menores que fueron acogidos por las administraciones responsables. Pero estos diez chavales solamente eran la punta del iceberg ya que, posiblemente, al menos el cinco por ciento de las personas recluidas eran menores de edad.
En cambio, frente a los desatinos del ministro, la sociedad malagueña tuvo claro desde el primer momento que se alineaba con las víctimas. El tejido social, las asociaciones, los sindicatos y plataformas sociales y, también, los partidos políticos y las administraciones recordaron desde el primer momento que Málaga es y quiere seguir siendo una provincia libre de CIE. De hecho, ésta seguramente sea una de las lecciones que se lleve el ministro. Así, a las movilizaciones iniciales se añadió -según se fueron conociendo las vulneraciones que se sucedían en la cárcel - la exigencia de que se depuren responsabilidades.
Queremos saber cómo ha podido pasar todo esto. Por eso Andalucía Acoge ha exigido que se cree una comisión de investigación en el Congreso para que los representantes políticos se comprometan a averiguar lo que ocurrió en la prisión y aclarar responsabilidades. No se debería permitir que lo que ha pasado en Archidona, como ocurrió con las muertes del Tarajal, caiga en el olvido y la impunidad.
