Sostienen los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que (esta vez sí) quieren alcanzar un pacto sobre la Educación, el primero en democracia. El acuerdo es necesario, pero no hay que obviar las dificultades para lograrlo (o que, como en otras ocasiones, debates menores o mediáticos impidan cambios sustanciales).

Concretamente, ya han salido a relucir algunas cuestiones de siempre, cada vez que se plantea un debate de estas características. Por ejemplo, la financiación de los centros (disminuida, durante los años de la pasada crisis)€ aunque los resultados de los sucesivos informes PISA señalan que, en muchos casos, una mayor inversión educativa no se corresponde con un elevado rendimiento académico. O la enseñanza de la asignatura de Religión, algo que cada vez tiene menos relevancia, ante el descenso continuo de católicos practicantes reales o de la influencia de la Iglesia.

Más interesante será, en cambio, si se aborda en serio la mejora en la selección del profesorado (en la multicitada Finlandia, entran en la docencia aquellos con un currículum académico elevado€ algo que no sucede, precisamente, aquí). Por no citar el tabú de que los maestros deban ser, obligatoriamente, funcionarios (en lugar de personal contratado y/o evaluable, por ejemplo).

No obstante (y si tenemos en cuenta quien es el actual inquilino de La Moncloa, caracterizado por su poca inclinación a la acción y su habilidad para dejar que los problemas se eternicen), surgen dudas de que el pretendido pacto por la Educación acabe como otras «reformas necesarias y urgente» y nunca ejecutadas, como la de la financiación autonómica o la relativa a las pensiones. Veremos.