La comisión técnica enviada por Icomos llegaba a la ciudad procedente del aeropuerto de Málaga. Primer punto en la agenda: recepción por parte de la máxima autoridad del recinto que iba a ser evaluado. Los asesores de la Unesco estarían acompañados por el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, diputados provinciales, concejales y el mismo alcalde de la ciudad. Mientras éste expresaba a la comisión «su gratitud por la visita y se ponía a su disposición para que pueda realizar un informe de lo que tiene encomendado», el delegado afirmaba: «Hemos puesto a disposición de Icomos todos los medios y recursos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con absoluta normalidad». Los implicados mostraban su confianza en el dictamen de la comisión, presidida por «una auténtica autoridad en la materia». Una vez que el informe favorable quedó condicionado a la demolición del gran volumen que perturbaba la percepción del bien, Ayuntamiento y Junta de Andalucía aceptaron de buen grado su eliminación.
Todo lo anterior es verídico y las citas, literales. Pueden tirar de hemeroteca. Aunque habrán adivinado que tan ejemplar como raro caso de armonía y cooperación entre las administraciones local y autonómica -de signo opuesto- no se escenificaba en Málaga capital sino en Antequera; que Icomos no evaluaba un rascacielos sino un conjunto dolménico; que el edificio a demoler era el Centro de Interpretación de la Prehistoria que se alza en las inmediaciones; y que uno de los mayores impulsores de la candidatura a valorar por Icomos era un alcalde antequerano anterior: el actual presidente de la Autoridad Portuaria. Hoy, en cambio, ni PP ni PSOE tienen ya interés en leerse informes de Icomos. O al menos de eso se jactan Paulino Plata y Francisco de la Torre.
