25 de febrero de 2018
25.02.2018
Al azar

Increpar al Rey no era delito para el Supremo

Los quince parlamentarios de HB que interrumpieron al Rey en Gernika en pleno baño de sangre de ETA y en un gesto que precipitó el 23F, fueron absueltos por el "derecho a la libertad de expresión de las minorías"

25.02.2018 | 05:00
Valtonyc

Entre los criminales condenados a lo largo del último siglo por injurias al rey figura Miguel de Unamuno. Dado que se trata de uno de los escasos pensadores españoles vivos o muertos a quienes se cita con cierta frecuencia en el ámbito internacional, tal vez corresponda reprochar a sus sucesores una excesiva docilidad hacia el Jefe de Estado, que habría castrado su proyección intelectual.

Valtonyc no es precisamente un pensador, pero esta carencia no ha librado al rapero de una condena a tres años y medio de cárcel, en un cóctel de delitos que incluye las injurias al Jefe de Estado. El Supremo no aplicaba su doctrina al respecto, sino que la vulneraba escandalosamente si se compara con la sentencia tras el mayor ultraje sufrido por el Rey de España desde la restauración de la monarquía.

Corría el mes de febrero de 1981, año en el que ETA mataba a una persona por semana. Juan Carlos de Borbón pronunciaba el día cuatro un discurso ante la Casa de Juntas de Gernika. Quince políticos de Herri Batasuna, un partido cuya vinculación con ETA fue sustanciada en la esfera penal, interrumpieron las palabras del monarca interpretando el himno Eusko Gudariak con el puño en alto.

El monumental desaire de los parlamentarios abertzales sacudió al país entero, se interpretó como el momento más débil de la incipiente democracia española y precipitó dos semanas después el golpe de Estado del 23 F. Dada la conmoción causada por el desafío en vivo al Rey, se precisaba sin duda una condena ejemplar a los increpadores. El fallo definitivo del Tribunal Supremo se retrasaría hasta 1993. No solo absolvería de injurias al monarca y de desórdenes públicos a los quince batasunos acusados por el fiscal, sino que disculpaba y hasta aplaudía su labor de control de la monarquía. Mucho se ha retrocedido desde entonces.

Los raps que llevarán a la cárcel a Valtonyc languidecían en internet sin conmover ni a su círculo íntimo. Cuesta imaginar que llegaran a oídos del Rey, y ETA es felizmente una pesadilla trasnochada. Pese a ello, el cantante carga con tres años y medio más de cárcel que los quince políticos de HB que pusieron en vilo a la democracia. El magistrado ponente de la sentencia absolutoria fue Ramón Montero, una figura mítica de la judicatura forjada junto a Clemente Auger o al fiscal Miguel Miravet.

El Supremo incardinaba el bofetón cantabile al Rey en un «legítimo ejercicio del derecho a la libre expresión», una expresión en que todos los términos son favorables a los jerarcas de HB. De hecho, la interpretación puño en alto habría servido para trasladar «al Monarca un estado de insatisfacción pública». Cuesta imaginar que miembros del mismo tribunal hayan condenado a un vulgar rapero, refugiándose ahora en que «la personalidad del Rey requiere una especial protección». ¿Hasta tal punto se ha degradado el edificio monárquico que no aguanta ni el soplido de un cantante?

El magistrado Montero reconocía probados «expresa y terminantemente» los hechos descritos por la fiscalía. Sin embargo, se negaba a castigarlos porque se inscribían en el «derecho a la libertad de expresión de las minorías». Valtonyc también era una minoría, con acceso limitado a los medios de comunicación de masas, un argumento de peso creciente a la hora de validar manifestaciones estridentes contra el poder.

Basta imaginar los improperios que arrancaría hoy una sentencia firmada en un momento en el que ETA mantenía su actividad sangrienta. El magistrado Montero no pensaba recurrir a la argumentación vergonzante de que el comportamiento de los parlamentarios era reprobable, aunque sin alcanzar el nivel de la condena penal. Al contrario, aprovechó la oportunidad para recordar los privilegios que adornan la figura del Rey, y que deben ser corregidos por los ciudadanos en la medida de sus posibilidades.

La diferencia entre aquel Tribunal Supremo y el actual no se limita al compromiso con las libertades y a la capacitación técnica, se extiende a la cultura general. De ahí que la sentencia no omita una mención a los Césares romanos, para recordar que todas las personas investidas de un poder superlativo también han de someterse a críticas ásperas para no separarse por completo de la realidad. Vistas las peripecias que atravesarían con posterioridad el aprecio a la Familia Real y la figura del monarca, puede decirse que el fallo del Supremo cumplió con una doble misión. No solo profundizar en los acontecimientos del pasado, sino vaticinar los pecados del futuro.

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