Hasta la reacción airada del Supremo ante el revés en Schleswig-Holstein se corresponde con el hidalguísimo honor agraviado, que el gremio de los tertulianos aventa cuando se duda de su versión de los acontecimientos. Un comunicador o busto parlante puede permitirse la indignación artificiosa, a los magistrados se les suponía mayor mesura. En especial porque desde Alemania no solo se ha puesto en duda la interpretación de los fueros por el altísimo Tribunal, sino su retorcimiento de los hechos.
La independencia de Cataluña siempre fue inverosímil, y se truncó definitivamente con la fuga de capitales. Esta evidencia no impidió que el Gobierno y la Generalitat se enfrascaran en una traducción política del Madrid-Barça, con espeluznantes secuencias de juego sucio. El estupor jurídico que llega desde Alemania demuestra que el clásico no se contempla con igual apasionamiento al norte del río Elba.
En el interminable playoff entre madridistas y barcelonistas, el Supremo indistinguible del Gobierno se queja ahora del árbitro alemán. Curioso rechazo, dado que no solo eligieron al colegiado continental formulando una euroorden. Seleccionaron el país y hasta el land concreto, al programar el encarcelamiento de Puigdemont en cuanto cruzara la frontera alemana. Al alimón, Rajoy y Llarena han internacionalizado el conflicto catalán con mayor eficacia que años de embajadas de la Generalitat.
Para salir del atolladero en que le han metido sus autos disparatados, Llarena promueve medidas todavía más estrambóticas. Y dilatorias, amagando un recurso a la Uefa. ¿Va a mantener a nueve presos, mientras cavila una salida digna y padece el gélido abandono de los Gobiernos a los perdedores? Ha sido el primer juez en retirar una euroorden al verla perdida, y aspira a ser también el segundo. Despotrica contra el colegiado que le ha señalado falta, mientras sus compañeros de Tribunal difunden gregariamente que su réplica consistirá en condenar más que nadie más que nadie, una intrépida visión de la tarea de impartir justicia. El Supremo se rebela contra el árbitro.
El bofetón de la justicia alemana a la creativa invención de una rebelión sin violencia repercute sobre la actuación global del Supremo en la crisis catalana, por no hablar de casos más serios. Confirma asimismo que el Gobierno ha reducido a los sumos jueces a un corrillo de tertulianos. Si en las níveas cumbres no se filtraban opiniones de catedráticos como Pérez Royo o exmagistrados del Tribunal como Martín Pallín, podrían haber atendido a los 130 profesores de Derecho Penal que refrendaron la inexistencia del delito clave.
Haya rebelión o revellón, quién puede creerse hoy al Supremo, si hasta Europa le saca los colores. La cancelación del delito violento es irrelevante frente a la pérdida de confianza subrayada en el concierto internacional. Un catedrático de Derecho Constitucional que “reconstruye” actas de exámenes con firmas falsas, o un Tribunal Supremo que fabula crímenes penados con treinta años de cárcel, contaminan su entera trayectoria. Padecen un descrédito retrospectivo.
No se trata de errores inevitables, que todo profesional de carrera dilatada cometerá con más frecuencia de la conveniente para su autoestima. Más allá de la deliberación y del firme propósito, anida una ceguera autoinducida, un empecinamiento impropio del momento decisivo que recomienda prudencia y contención. También ayudan la consideración de la cátedra universitaria como un sitial inexpugnable, y del Supremo como su propio nombre indica. Ambos casos obviaron la permeabilidad de un mundo reticular.
El Supremo ha incurrido en el forofismo de la propia causa que se le supone a un tertuliano, consciente de los índices de audiencia. Aderezado el conjunto con el tono imperial de quien impone la ley en vez de aplicarla. A la vista de la enmienda a la totalidad llegada de Alemania, el profano ha de plantearse por fuerza si la habilidad fabuladora y fabulosa detectada por los jueces germanos se extiende al resto de delitos invocados.
Rajoy sabía de sobras que un día le lloverían bofetones como el pronunciamiento de Schleswig-Holstein. Sin embargo, el presidente del Gobierno los tenía fechados para 2030, en la escala temporal del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Para entonces, se habría disipado cualquier posibilidad de verse involucrado en la docena de casos de corrupción pendientes del PP. En cuanto a Cataluña, nunca le preocupó demasiado. Es del Madrid.
