De ser cierto lo que cuentan diversos medios internacionales y no parece que haya motivos para no creerlo, la isla mediterránea de Malta despide un fuerte olor a podrido.
La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que investigó con admirable valentía las tramas de corrupción en la isla y sus supuestas conexiones con el Gobierno, lo pagó muy caro: unos sicarios la asesinaron el pasado octubre con una bomba colocada en su coche.
Al frente del país está desde 2013 el laborista Joseph Muscat, quien, al poco de ser elegido primer ministro, decidió convertir la ciudadanía maltesa en un lucrativo negocio, haciendo del pasaporte algo que cualquier millonario podía comprar como quien compra un yate.
El suizo Christian Kälin, que dirige la empresa radicada en la isla Henley & Partners, llegó a un acuerdo exclusivo con el Gobierno para la venta de pasaportes de ese país miembro de la UE a una elite tan adinerada como casi siempre corrupta.
Mientras los refugiados de Oriente Medio o África se juegan la vida para llegar a territorio de la UE, cualquier oligarca o multimillonario deseoso de viajar sin problemas por el mundo sólo tiene que recurrir a los servicios de intermediación de la empresa de Kälin.
Los únicos requisitos para la obtención del pasaporte maltés son el pago al Gobierno maltés de 650.000 euros, de otros 150.000 a un fondo de inversiones maltés y la compra de una vivienda en la isla por un valor mínimo de 350.000 euros o el alquiler correspondiente.
Henley & Partners se lleva una comisión del 4 por ciento por cada pasaporte y aunque el programa está limitado en principio a 1.800 títulos, se calcula que el avispado suizo se ha embolsado ya con esas operaciones entre 70 y 100 millones de euros.
Entre los nuevos ciudadanos europeos hay multimillonarios saudíes, chinos o rusos, incluido algún amigo del presidente Vladimir Putin que aparece en la lista de sancionados por Estados Unidos como Arkadi Volosch, fundador de Yandex, la mayor empresa rusa de internet.
Los ingresos procedentes de ese tráfico de pasaportes de validez comunitaria ayudan al Estado maltés a reducir su gran endeudamiento: se calcula que Malta ha ingresado así en sus arcas 2.000 millones de euros.
Pero sobre todo, la clique en torno al primer ministro ha logrado montar un lucrativo negocio que se vale además para el blanqueo de dinero de una red de sociedades pantalla en Panamá con la ayuda inestimable del banco Pilatus, fundado por el multimillonario iraní Ali Sadr, hoy encarcelado en EEUU bajo sospecha de actividades ilegales.
Entre los clientes del banco Pilatus figuran las hijas del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, además de varios empresarios de ese país, según descubrió un inspector de finanzas maltés a quien el Gobierno no tardó en quitarse de en medio.
Pero con ese banco han venido operando también regularmente dos íntimos del primer ministro: Brian Tonna, considerado asesor financiero del grupo de amigos de Muscat, y Keith Schembri, su jefe de gabinete.
A través de su empresa de servicios financieros Nexia BT, Tonna encargó al bufete panameño Mossack Fonseca la apertura de varias sociedades pantalla en el país centroamericano.
La periodista Caruana Galizia averiguó que dos de esas sociedades pertenecían en realidad a Schembri y a Konrad Mizzi, que fue ministro de Energía de la isla y que, ante el escándalo de esas revelaciones, tuvo que dimitir, lo cual no impidió que Muscat le encargara más tarde la cartera de Turismo.
Para borrar aún más las pistas, Schembri y Mizzi llevaron las participaciones que tenían en las sociedades pantalla panameñas a sendos trusts en Nueva Zelanda, donde no hay que efectuar registro alguno y las rentas generadas en el extranjero no tributan, lo que garantiza una opacidad fiscal total.
Una super-elite utiliza en Malta la política para hacer dinero, y el dinero procedente de esos negocios sirve para hacer política, comenta el semanario Die Zeit, uno de los periódicos que han investigado la podredumbre de la isla.
Una elite cosmopolita que, agrega esa publicación, no necesita asaltar bancos. Le basta con fundarlos. Como tampoco tiene que falsificar documentos de identidad cuando puede tan fácilmente comprarlos.
Pero Malta es miembro de la UE. ¿Qué tienen que decir sus socios, y Bruselas, de todo esto?
