Un nuevo episodio del caso Invader vuelve a la pista central del circo político malagueño con otro número de escapismo propio del gran Houdini. El Ayuntamiento, al que no podemos señalar como promotor de la iniciativa, pero tampoco olvidar que existen fundadas sospechas sobre su complicidad en la colocación ilegal de los mosaicos del artista francés, exige ahora a los propietarios de los inmuebles dañados que retiren las obras y que, por supuesto, corran con los gastos. De traca.

Poco le importa al alcalde que el director del Centro municipal de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, tenga que declarar ante un juez el próximo 11 de junio, ya que la Fiscalía considera probado que dicha invasión urbana vino precedida de un pacto entre el empresario que dirige el espacio público de la calle Alemania y el desconocido señor de los marcianitos -ambos tienen entre manos una futura exposición en el CAC-. La responsabilidad del consistorio malagueño se esconde sin disimulo tras el anonimato del artista. Como si de un mal troll de Twitter se tratase, De la Torre se ha parapetado en la imposibilidad de dar con el afamado creador, dejando así la verdad escondida bajo las teselas de colores chillones que nadie ha puesto ahí y que, por tanto, no son asunto suyo. Pero ya sabemos lo mal que disimula el alcalde. Y, claro, se le ve el plumero cuando en su día se le llenó la boca sobre «el regalo» que Invader le había hecho «a la ciudad».

Será finalmente la justicia, ya que el Ayuntamiento permanece impasible a la solicitud de la Junta para que se emplee cuanto antes en reponer el daño causado por su amigo Invader, la que ponga a cada uno en su sitio, aunque el Área de Cultura municipal ya ha dictado sentencia premiando a Francés con un año de prórroga en la explotación del Centro de Arte, el epicentro del caso que hoy nos ocupa así como el mayor proveedor de escándalos de la Málaga cultural.

También nos deja el escrito que el Ayuntamiento ha remitido a los propietarios afectados -aquí nadie parece pensar en estas pobres personas que han visto su tranquilidad y sus casas manchadas por la pretenciosa vanidad de un gestor de opacas formas y un gobierno municipal de una torpeza tan notoria como la obscena altura de la pretendida torre del puerto- una cifra para que el bochorno total se complete.

De no retirar el mosaico en el plazo estipulado, unas tres semanas desde la recepción de la carta de Urbanismo, lo hará el Consistorio de forma subsidiaria, pasando después la correspondiente factura a los dueños. Una factura que asciende a 2.700 euros, explica la misiva. Nos cuenta un dueño de una de las casas afectadas que ha solicitado presupuesto para quitarse de encima el muerto. Señala que le han indicado que la operación Invader out no llega a los 100 euros de coste, lo que nos ofrece una perspectiva de la consabida desconexión municipal entre los precios de la vida real y los que ellos (es decir, todos nosotros a través de nuestros impuestos) están acostumbrados a pagar. ¡Abracadabra!