La primera semana efectiva del nuevo gobierno ha sido más movida que la anterior cuando todo fueron parabienes por el golpe de efecto de Pedro Sánchez al nombrar un ejecutivo que sorprendió por el brillante currículum de varios ministros y por su carácter plural. El Gobierno intento continuar en esa onda -e incluso buscó los aplausos de la España y Europa más humanitaria y/o ‘progre’- con la decisión de acoger a los 629 emigrantes del Aquarius (barco de una ONG francesa) a los que el que nuevo gobierno populista italiano negaba el acceso a sus puertos. Pero a las pocas horas se encontró con su primer sapo, la inevitable dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras que El Confidencial publicara que una reciente sentencia le obligó a pagar a Hacienda más de 300.000 euros por haber tributado ingresos personales a través de una sociedad interpuesta.

El Gobierno ha buscado -y en gran parte logrado- un aplauso al lanzar el mensaje de que los criterios humanitarios serán tenidos en cuenta en la política respecto a la inmigración que con el gobierno Rajoy sólo estaba basada en la seguridad, pero ha tenido que masticar el sapo de dimitir a un ministro recién nombrado que ha batido todos los récords de brevedad en el cargo.

Acoger al Aquarius es un gesto valiente y positivo (aunque no sin riegos) para un gobierno progresista. Emite un mensaje que ya ha sido aplaudido por muchos electores, y no sólo de izquierdas. Además, en este momento la preocupación por la inmigración, que hace diez años era fuerte y llegó a alcanzar a más del 40%, es muy baja (el 3% según el último CIS), quizás porque tenemos un millón de emigrantes menos que antes de la crisis. Por otra parte, la inmigración de África a Europa, dos continentes muy cercanos con una gran diferencia de riqueza entre las dos orillas del Mediterráneo -así como la procedente de Siria y Oriente Medio por la gran conflictividad de la zona-, es un asunto de gran trascendencia y difícil de resolver con efectividad por los estados nacionales. Exige una política europea. Pero hasta ahora los estados nacionales han avanzado muy poco por los intereses divergentes entre los países receptores de emigrantes (Grecia e Italia y potencialmente España), y todos los otros divididos además entre los que tienen posiciones defensivas pero moderadas (la Alemania de Merkel y la Francia de Macron) y los más reacios y opuestos totalmente a las tímidas cuotas de acogida de inmigrantes fijadas por Bruselas. En este último bloque y en posiciones no siempre coincidentes están desde Polonia y Hungría (los más intransigentes) hasta Austria, Dinamarca y los países bálticos.Peligra la libre circulación de personas en la UE

Como ha señalado Josep Borrell, la decisión de acoger al Aquarius es una medida excepcional que indica sensibilidad humanitaria pero que no puede marcar una política que sólo será válida a escala europea. Quizás su mérito principal -Borrell lo ha señalado- es que contribuirá a obligar a la cumbre de jefes de gobierno de la UE del 28 y 29 de junio a abordar el asunto de forma urgente y detallada (cuotas de refugiados, presupuesto para los próximos años tanto de protección de fronteras como de ayuda a la integración como de cooperación con los países emisores). La realidad es que Europa no puede continuar así sin arriesgarse a ver desaparecer la libre circulación de personas (ya amenazada por el terrorismo) en el espacio Schengen. Italia ha recibido mas de 600.000 inmigrantes en los últimos años mientras Europa se lavaba las manos. No los ha podido acoger bien y el resultado es que han ganado las elecciones dos partidos populistas que han pactado un programa de gobierno que promete no ya no aceptar más inmigrantes sino expulsar a 500.000. Lo grave no es que Salvini sea un xenófobo, sino que los italianos -que no deben ser muy diferentes a los españoles- le han acabado votando. La negativa al Aquarius y la gran tensión con Francia demuestran que el asunto es explosivo. Y en la misma Alemania la posición equilibrada de Merkel está siendo atacada por su propio ministro del Interior (miembro del partido aliado de la CSU), que se enfrenta a elecciones regionales en Baviera en octubre y que, para no perder votos ante la extrema derecha, quiere exhibir mayor dureza con la inmigración.

La dimisión de Màxim Huerta ha sido el primer cáliz que ha tenido que tragar Pedro Sánchez. Su nombramiento ya fue bastante extraño porque se eligió a alguien sin prestigio en el mundo cultural para resucitar el ministerio de Cultura. Un contrasentido. Pero que un ministro de un gobierno nacido de una moción de censura contra la corrupción tuviera una condena reciente por haber defraudado a Hacienda era indigerible para España y un suicidio para el nuevo Gobierno. Estaba claro que Huerta tenía que dimitir. Y Sánchez ha tragado el sapo con dignidad al ‘aceptar’ la dimisión de Huerta en las doce horas siguientes a que se conocieran los hechos. Indica así cierta capacidad de reacción. Y todavía más que el mismo día se supiera el nombre del nuevo ministro, José Guirao, un gestor cultural conocido que fue director del Museo Reina Sofía nombrado por el PSOE y mantenido por el PP.

El Gobierno quiere bajar la tensión en Cataluña

Pero la gestión del Gobierno (y por tanto sus desafíos) no acaban aquí. Sánchez y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se han reunido con patronal y sindicatos y al parecer la reunión fue positiva. También lo es que se haya aclarado que el Gobierno no piensa enterrar una reforma laboral problemática pero que ha ayudado a crear empleo. Está bien ‘retocar’ sus aspectos más negativos pero el retoque debería ser acotado y no inutilizarla. Ojo, por ejemplo, en la prevalencia que se pretende de los convenios sectoriales sobre los de empresa. En el campo de inspirar tranquilidad hay que destacar el pragmatismo de Margarita Robles, la nueva ministra de Defensa, al no hacer cambios inmediatos en la cúpula militar y al mantener al general Sanz Roldán al frente del CNI.

¿Y Cataluña? El Gobierno intenta rebajar la tensión. Al levantamiento del control financiero de la Generalitat le ha seguido el nombramiento de Teresa Cunillera, una veterana del PSC muy próxima a Miquel Iceta -y muy activa en la campaña de Pedro Sánchez a sus primeras primarias- como delegada del Gobierno en Cataluña. Y el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entreabierto la puerta a un próximo traslado de los presos por la DUI del 27-O a cárceles más cercanas a su domicilio. Sánchez busca una distensión que permita una ulterior negociación. ¿Cómo reaccionará el independentismo? Es una incógnita. Sólo hay dos datos. Uno, Puigdemont no consiguió que los diputados del PDe.CAT y de ERC no secundaran la moción de censura de Sánchez. Tras este primer revolcón de Puigdemont está por ver quién manda en el secesionismo. ¿Puede Torra dar la sorpresa y -sin renunciar de entrada al dogma- iniciar una hoja de ruta más pragmática? En el PSC ni lo creen ni lo descartan.