Abordar el problema de la inmigración sin complejos es una de las muchas asignaturas pendientes de la Unión Europea. En teoría todo está en orden, la Convención de Ginebra sobre Refugiados y la Convención Europea de Derechos Humanos tranquiliza el espíritu de los estados firmantes y alivia las conciencias del viejo continente. En la práctica nada está resuelto.

De un lado están los mal llamados progres que no creen en las fronteras pero cierran sus casas a cal y canto, que piden acoger a todo el mundo pero no comparten su techo y que son muy generosos con los recursos de todos siempre y cuando salvaguarden los suyos propios. Esos no me valen.

De otra parte, tenemos los Salvini, extremistas, xenófobos y antieuropeístas que tampoco valen, y por último la Unión Europea que, escudándose en que no tiene competencias mira hacia otro lado en espera de que algún país voluntarioso le solvente la papeleta, y lo hemos visto ante la crisis del Aquarius.

Europa es espacio Schengen y como tal no tiene fronteras interiores entre los estados firmantes del convenio. Exteriores sí las tiene pero su control, en cuanto a la inmigración se refiere, no debe recaer exclusivamente en el estado fronterizo. Si cerrar puertos nunca debe ser la solución para quienes están en peligro en el mar a bordo de embarcaciones inseguras, que triplican su capacidad y donde escasean víveres, que recalen siempre en los mismos puertos tampoco lo es.

Tras el fracaso de la diplomacia a la hora de solucionar conflictos en terceros países que hubieran mitigado la inmigración política por guerras o represalias y la poco efectiva cooperación internacional a la hora de frenar la inmigración de países emisores por causas económicas, Europa tiene que mojarse poniendo orden entre los estados miembros obligándolos a asumir un reparto del contingente inmigratorio que llega a los países que, por proximidad al continente africano, son receptores de inmigrantes.

España, por ubicación, y por el posible efecto llamada con que pueda confundirse la generosidad demostrada últimamente, es la mayor interesada en que la Unión Europea asuma mayores competencias en inmigración. Paradójicamente corresponde al gobierno de Sánchez impulsar esa política común europea mientras aquí, en España, se ve obligado a ceder mayores competencias a los nacionalistas a los que el pago de la factura nacionalista que compró su apoyo le obligue a ceder mayores competencias al País Vasco y Cataluña se plantea ceder mayores competencias a los nacionalistas que les vendieron su apoyo.