01 de julio de 2018
01.07.2018
Tribuna

Regularizar la marihuana

01.07.2018 | 05:00

Pablo Iglesias propone convertir a España en una potencia mundial en la exportación de marihuana. La idea puede parecer un tanto aberrante, aunque no es ninguna novedad que un país se beneficie económicamente de la venta de drogas. Lo extraño es que su interés recaudatorio coincida el de un liberal de la talla de Justin Trudeau, responsable último de que, desde hoy, en Canadá se permita la venta libre de marihuana para consumo recreativo. Vaya, para colocarse. Nada que ver con el uso terapéutico, vigente en ese país desde el año 2001. El discurso ha cambiado sustancialmente y, ahora, el objetivo es generar riqueza. Curioso.

En términos estrictamente económicos –eso sí, considerando solo los ingresos y excluyendo las pérdidas sanitarias y sociales-, la idea tiene cierta lógica. Por ejemplo, el gobierno canadiense estima que, solo en el primer año de legalización, las ventas se acercarán a los 3.000 millones de euros. El cálculo parece realista porque, en Estados Unidos, ya alcanza una cifra de negocio anual de 8.000 millones. Imaginen lo que significa en impuestos y, por supuesto, el enorme pelotazo bursátil que han producido estas medidas. Invertir en marihuana –legal, por supuesto- es muy rentable y así lo demuestran los datos: solo en los últimos doce meses, el Canadian Marijuana Index se ha triplicado gracias a la propuesta de Trudeau. Excelentes beneficios para esas 24 empresas productoras que cotizan en la bolsa canadiense y que, en su conjunto, equivalen a la capitalización de Repsol o Gas Natural. Ya ven que es cosa seria.

Dice Iglesias que, en vez de seguir vendiendo armas, quizás fuera mejor ingresar impuestos gracias a los canutos. Esta es su argumentación para convertirnos en una suerte de narcoestado, recordando que ya somos uno de los principales exportadores mundiales de armas. Razón lleva porque, aunque nuestra cuota de mercado apenas alcance el 2,9%, la realidad es que sacamos una buena tajada del negocio armamentístico. Dinero que, por mucho que jorobe aceptarlo, nos ahorramos de nuestros impuestos. Ahora bien, un comportamiento inmoral no puede justificar otro. Hay que ser de una pasta especial para que nos importe un rábano el sufrimiento ajeno, mientras nos lucramos a su costa. Por eso cuesta asumir que, una vez más, obtengamos riqueza del daño que se produce a otros. Entre armas, tabaco y alcohol, ya vamos servidos en este país.

En fin, que el asunto depende de la conciencia de cada uno. Y la mía podrá estar tan sucia como la de cualquiera, pero lo lleva mal. Ni me gusta lo de las armas, ni acepto convertirme en beneficiario indirecto del narcotráfico estatal. Cosa bien distinta es que, de una vez por todas, acometamos una regularización de la producción y el consumo de marihuana que se ajuste a la realidad actual. Ahí sí coincidimos, porque ya va siendo hora de dejar de ver fantasmas donde no los hay, como también de confundir a la población con el único interés de obtener un puñado de votos. Demasiados intereses en juego y, en su mayoría, bien distintos a los generales.

Más allá de las experiencias mercantilistas del comercio «normalizado» de marihuana, existe otro ejemplo bastante más prometedor. Uruguay fue el país pionero en esto de legalizar, pero sin perder el control público sobre el asunto. Parecerá incongruente que sea el Estado quien produzca y comercialice un producto potencialmente dañino, pero más peligroso es dejarlo en manos privadas. Basta comparar los precios para darse cuenta de que, en este caso, no se buscan ingresos económicos sino controlar la extensión del consumo e, incluso, disminuirlo. No confundan con la idea de obtener beneficios para el Tesoro –como propone Iglesias, coincidiendo con los norteamericanos-, que el asunto no va por ahí.

En manos del gobierno de Pedro Sánchez está que, mañana mismo, se deje de sancionar el consumo de cualquier tipo de droga. Es simple y apenas bastaría con aplicar la legislación vigente con la laxitud que ésta permite. Ya ven que, aunque fuera aconsejable revisarlas, las leyes actuales serían suficientes para acabar con las sanciones que conlleva el uso de estas sustancias. Por cierto, sanciones administrativas porque habrá que recordar que, en España, el consumo no es delito.

Si tanto preocupa el tema, insisto en que bien podríamos asumir el sistema uruguayo: producción estatal y dispensación en farmacias voluntarias. Por supuesto, nada que ver con el mercantilismo gringo o canadiense. Eso sí, el modelo cuenta con un importante matiz: la venta limitada de una marihuana con baja concentración de THC, su componente más adictivo. Por cierto, aquí radica la gran mentira de quienes confunden libertad con libertinaje. El componente medicinal de la marihuana no es el THC –vaya, el que «coloca»-, sino el cannabidiol (CBD). Y hay que ser canalla para tergiversar conscientemente esta diferenciación. Así pues, poco tiene que ver la marihuana medicinal con la del uso lúdico.

Regular la situación de la producción y consumo de cannabis y marihuana en España, no es ninguna ocurrencia. Muy al contrario, se trata de una necesidad urgente. Ahora bien, para ello deben ponerse todas las cartas sobre la mesa y asumir los múltiples aspectos del problema. Bienvenida sea la regularización, pero siempre que también persiga disminuir el uso de una sustancia dañina. No debemos olvidar su contrastada asociación con el deterioro cognitivo de los adolescentes, los trastornos psicóticos, las patologías respiratorias o los accidentes de tráfico.

Por tanto, no es permisible excluir el daño generado a la salud y, en consecuencia, habrá que insistir en que somos uno de los países europeos que menos presupuesto destina a luchar contra el problema. Esta misma semana, el Observatorio Europeo de Toxicomanías nos sacaba los colores comunicando que apenas gastamos el 0,03% de nuestro PIB o, en otros términos, menos de la mitad de lo que destinan otros países con una problemática similar, como Francia, Italia o Reino Unido. Son carencias presupuestarias que se manifiestan en menores que no son atendidos en Salud Mental por su condición de consumidores de drogas, en una prevención cada vez menos presente en las escuelas, o en un sistema sanitario que sigue dejando al margen a los adictos. En suma, necesidades que merecen la misma o, incluso, mayor consideración que el derecho a consumir libremente.

En opinión de Pablo Iglesias, el mayor problema que genera el consumo no es de salud pública, sino la delincuencia producida por el tráfico ilegal. Me temo que, simplificando en exceso, se confunde. El problema principal sigue siendo restarle importancia y negar la evidencia. Y, en eso, no cambiamos.

*Bartolomé Pérez Gálvez es psiquiatra

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