Hay países que, beneficiados por su situación geográfica y los acuerdos de Dublín, tratan de desentenderse egoístamente de quienes llaman desesperados a las puertas de Europa.

Establecen esos acuerdos firmados por los gobiernos de la UE que el primer país al que llegue un solicitante de asilo deberá acogerlo y examinar si tiene o no derecho a protección internacional.

Ello significa cargar con esa responsabilidad a los Estados costeros como Grecia, Italia o España, que es por donde entran la mayoría.

Algunos gobiernos se aferran egoístamente a las reglas de Dublín y rechazan además cualquier intento de reparto europeo de refugiados, argumentando que no es su problema.

Como ocurre con el húngaro de Viktor Orbán, se niegan a mostrar la mínima solidaridad con sus socios y dicen que ya cumplen defendiendo su parte de frontera exterior de la UE.

Pero los subsaharianos siguen llegando por miles a nuestras costas: huyendo unos de la persecución o de las guerras que desangran aquel continente; tratando otros de salir de la miseria.

Y ahí está precisamente la primera distinción que tratan de hacer nuestros gobiernos: la existente entre quienes, víctimas de la violencia o la discriminación, aspiran al reconocimiento como refugiados y los que llamamos migrantes ´económicos´.

Sobre los primeros no debería caber ninguna duda: el derecho internacional les garantiza el asilo en la UE, y es sobre los segundos donde existen fuertes discrepancias, sobre todo entre gobiernos y organizaciones humanitarias.

Pero el Mediterráneo no hace distinciones y se los traga a todos con la misma indiferencia si no acude a tiempo en su auxilio algún barco de esas ONG a las que tan injustamente se acusa ahora de fomentar así el fenómeno migratorio.

La cuestión que se plantea es cómo compaginar el derecho a unas fronteras exteriores seguras prometidas a los ciudadanos de la UE con la responsabilidad de proteger a los refugiados.

Está la propuesta de crear centros de recepción para quienes llegan irregularmente a Europa, en los que se decidiría con rapidez, a diferencia de lo que ocurre ahora, quiénes tienen o no derecho de asilo.

Los primeros serían distribuidos, al menos idealmente, entre los países de la UE mientras que los segundos serían devueltos cuanto antes a sus lugares de origen.

¿Estarían esos centros en territorio de la UE o seguirán los gobiernos europeos externalizando el problema, pagando por ello a terceros países poco o nada democráticos o incluso Estados fallidos como Libia?

¿Se garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos en esos centros o estarían los allí encerrados -además ¿por cuánto tiempo?- a todo tipo de vejaciones y arbitrariedades?

Para el caso de los migrantes por motivos económicos proponen algunos gobiernos firmar acuerdos con los principales países emisores del África subsahariana: Nigeria, Senegal, entre otros.

Esos acuerdos posibilitarían al mismo tiempo repatriar a los considerados ´irregulares´ y establecerían al mismo tiempo generosas cuotas de emigración legal y ordenada a Europa para otros.

Serían, dicen los proponentes, la única forma de combatir el indecente tráfico de seres humanos y reducir los riesgos que corren ésos en su intento desesperado de llegar a Europa.

Pero en ningún caso se acabará con el problema mientras en tantos países siga habiendo violencia, gobiernos despóticos y explotación inmisericorde de recursos por parte de propios y ajenos.