El Tribunal Supremo tiene razones para considerar, al contrario de lo que celebra el presidente del Gobierno, que lo importante no es juzgar a Puigdemont por los delitos menos graves que ha cometido sino por los que realmente le corresponden como supuesto instigador de una rebelión que tuvo al país en vilo el último cuarto del año pasado y parte de este. Volvemos a la pregunta de para qué sirve una euroorden si no se aplica como es debido la ley de detención. Pues para nada, como ha demostrado una vez más y parece que de manera definitiva el tribunal del norte de Alemania que mantiene que no hubo «violencia suficiente» para juzgar a los golpistas por rebelarse contra el Estado y perpetrar la proclamación fallida de una república a 600 kilómetros de Madrid. ¿Entonces qué fue lo que hubo? Sin un principio de confianza mutua entre los sistemas jurídicos de los estados miembros, la Unión Europea pierde su razón de ser. De ello o no se percata el inquilino de la Moncloa, o encantado de conocerse prefiere aceptar el pronunciamiento de Schleswig-Holstein porque conviene a sus intereses coyunturales de calmar los ánimos independentistas con gestos de apacigüamiento y concesiones. Como siga así, pronto no tendrá inconveniente en ponerse él mismo el lazo amarillo en la solapa. No, no resulta fácil de entender que el presidente del gobierno de España muestre satisfacción por que al líder acusado de promover una rebelión los magistrados regionales de otro país pretendan que sólo se le pueda juzgar por malversar una cantidad que enseguida estaría dispuesto a restituir y librarse de esa manera de la prisión provisional. Al tiempo que la supuesta pena le sería notablemente reducida.