La muerte de Mohammed Bouderbala en la celda en la que estaba recluido en la cárcel de Archidona se va a seguir investigando. La reapertura esta semana de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Málaga demuestra que su archivo en enero fue precipitado y que es necesario continuar indagando sobre esta muerte y las circunstancias que la rodearon para averiguar qué fue lo que ocurrió entre los muros de la prisión malagueña.

Que se haya reabierto el caso es una buena señal que da la razón a los recursos presentados por familiares, partidos políticos y entidades sociales como Andalucía Acoge y abre el camino a que se practiquen nuevas pruebas. Entre ellas, se citará a declarar al médico que asistió en la cárcel a Mohammed, al director ocasional y a un par de funcionarios de la Policía. Pero las de la Audiencia Provincial son diligencias de investigación limitadas que ofrecen sólo una versión de los hechos. Hacen falta pruebas complementarias a las establecidas como los testimonios de otros internos, de sus vecinos de celda, que pudieron escuchar quejas o pedidos de auxilio.También la citación al forense ofrecería detalles sobre la forma en la que se produjo el ahorcamiento.

Antes de que lo encontraran muerto en su celda el 27 de diciembre de 2017, Mohamed permaneció 18 horas aislado, sin ver a nadie y sin que nadie le llevara nada de comida. En su auto, el juez descarta que se produjese un trato degradante o inhumano y considera que la medida de aislamiento que adoptaron los funcionarios de la Policía hacia Mohammed y otros once internos fue proporcionada.

Pero para saber si la actuación fue o no proporcionada habrá que investigar a fondo qué es lo que pasó y pediremos pruebas complementarias una vez que se ha reabierto la causa. Falta esclarecer por qué se le aisló o la razón por la cual no se activó el protocolo de suicidios. No sólo se trata de investigar la muerte sino todo lo que la rodeó y condujo a ella. Es necesario tener en cuenta cómo la decisión del entonces ministro Juan Ignacio Zoido supuso que 576 personas permanecieran encerradas por el mero hecho de ser migrantes, 52 días en la cárcel de Archidona, que no estaba mínimamente habilitada para ello. La falta de información, las dificultades para la asistencia jurídica o social, los problemas con la comida y las instalaciones, el ninguneo a los familiares o el hecho de que hubiera menores de edad o solicitantes de asilo entre las personas encerradas, son una buena muestra de que el lamentable «experimento» del sr. Zoido provocó un sufrimiento innecesario a las personas que allí se encontraban. No lo decimos solamente las entidades sociales, instituciones como el Defensor del Pueblo o la propia Junta de Andalucía denunciaron las carencias y las improvisaciones del Gobierno central en este asunto.

Si bien no vamos a entrar a discutir la afirmación de la Audiencia de que no se produjo trato degradante por parte de los funcionarios policiales que procedieron al aislamiento de las personas internadas, sí se trata de una conducta reprochable jurídicamente. Si, por ejemplo, estas medidas hubieran sido adoptadas por funcionarios penitenciarios o de centros de protección de menores sí hubiesen podido ser objeto de sanción penal. De ahí que pidamos desde Andalucía Acoge la modificación del Código Penal para que este tipo de delitos, cuando sucedan en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y cometidos por funcionarios de estos centros, también puedan ser castigados.

De hecho, al calor de esta reapertura de la investigación judicial, sería una buena señal que, tal y como reclamamos las entidades sociales en enero de este año, se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para que lo sucedido en la cárcel de Archidona no se vuelva a repetir nunca más.

*Arantxa Triguero es presidenta de Málaga Acoge