Casado no logra separarse de su máster. La portavoz Marta González transmite en nombre del PP que "no hay caso". Ahí está precisamente el problema, en lo que no existe. El extraordinario informe de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no resuelve las dudas jurídicas sobre el asunto inexistente, porque no es su función. A cambio, agota hasta la mínima pretensión de que el flamante presidente de los populares satisficiera asignatura alguna en la Universidad Rey Juan Carlos.
Según la jueza, "obtuvo el título sin cursarlo", una evidencia demostrada en medio centenar de folios más allá de cualquier duda razonable. "Sin mérito académico alguno", se desprende de lo anterior, al margen de que la sabiduría del docto diputado se halle muy por encima de las enseñanzas impartidas. "Regalándoselo a modo de prebenda o dádiva", aquí está la parte que las instancias judiciales han de dirimir. Ahora bien, ¿qué otro objetivo podría pretender la donación de un máster no efectuado?
Rajoy tuvo la fortuna de empezar a gobernar antes de que afloraran los Papeles de Bárcenas. En cambio, Casado lleva los comprometedores papeles puestos, antes de aspirar a La Moncloa. Es el primer pretendiente a presidir el Gobierno que arrastra las imputaciones clásicas de la corrupción, prevaricación y cohecho, dos años antes de las elecciones. Por mucho menos fue apartado de la carrera Josep Borrell. El candidato del PP solo puede refugiarse en el cinismo de que las acusaciones previas a su desembarco sirven de entrenamiento endurecedor para el cargo.
El paralelismo con Bárcenas se transmite al ordenador desfasado, unicornio digital que almacena las pruebas de la inocencia. Casado no ha aclarado si lo entregará después de someterlo al tratamiento a martillazos a cargo de los acreditados expertos de Génova. Casado no puede seguir así, desfigurar las pruebas no será suficiente. No hay máster, ni trabajos conducentes al mismo. El Tribunal Supremo tendrá que esmerarse para liberar al presidente del PP de unos estudios que no cursó, y que por tanto figuran falsamente en el currículo que presentó al Congreso. Esta perversión de una documentación oficial aparece con reiteración en la resolución de la instructora. En otro país, sería más grave el engaño a los ciudadanos.
Aunque lo urgente es librar a Casado de la investigación en el Supremo, la visión a largo plazo obliga a interceptar la tramitación judicial de todos los imputados, incluida la arrepentida que ha disipado las últimas suspicacias sobre el recorrido fáctico y falsario del máster. Si se exime únicamente al presidente del PP, podría ocurrir como con Rajoy en Gürtel. A saber, una hipotética condena al grueso de la trama inundaría más que salpicaría al dirigente popular unido de forma inseparable al alumnado, y podría costarle el cargo en que estuviera entretenido en esos momentos. Por no hablar de la tortura interminable durante el procedimiento.
La siempre admirable técnica jurídica dispone de un recurso para resolver los problemas inmediato y diferido de Casado. Al igual que ocurriera en el Túnel de Sóller, ejemplo de la protocorrupción del PP, el cohecho impropio que adivina la magistrada solo sobrevive si lleva adherida la prevaricación. En caso contrario, decae por prescripción. En la obra pública juzgada en los años noventa, se alcanzó el milagro de que el constructor agraciado pagara generosamente por una concesión que se había efectuado con toda pulcritud y sin mediar planificación delictiva, evitando así el reproche penal. Nadie ignora que la generosidad es el sello de los grandes hombres de negocios. Con decir que no hubo prevaricación, aunque fuera manteniendo el feo cohecho prescrito y aderezándolo con un repertorio cegador de estériles reproches morales, descarrila el tren que va camino de arrollar a Casado. Los juristas insisten en que el Supremo solo ha de contestar a lo que le preguntan, y debe abstenerse de pronunciarse sobre el resto de investigados. También para esto hay excepción, en la magistral trayectoria de un Tribunal con doctrina Botín y doctrina Atutxa según convenga.
La respuesta se halla en una de las imputaciones solicitadas desde Baleares contra el entonces ministro Jaume Matas, a principios de siglo. El Supremo concluyó que por supuesto no había motivo para imputar a un dignísimo miembro del gabinete Aznar, según certifica su trayectoria posterior con media docena de condenas penales. Y el alto tribunal añadió que tampoco entendía la investigación en general de hechos en los que no advertía delito alguno. Por tanto, adquiere cuerpo la idea de que Casado aspiraba a la presidencia del PP en busca del mejor blindaje imaginable.
