02 de septiembre de 2018
02.09.2018
La Opinión de Málaga
La quinta columna

Torpeza inexcusable

02.09.2018 | 05:00

La torpeza de un Gobierno dubitativo alienta la politización del frente judicial contra el proceso secesionista. Resulta difícil explicar cómo el Ejecutivo de Sánchez pasó en pocos días de filtrar su intención, luego desmentida con la boca pequeña, de contratar a un abogado para dar cobertura legal al juez Llarena en Bélgica a caer en un enredo insostenible a costa de la distinción entre el ciudadano y su función pública.
Cabría suavizar los errores atribuyéndolos a un equipo todavía en rodaje, propios de quienes están de estreno en el ámbito político y agravados por la precaria situación del Gobierno. Pero nada de eso atenúa la falta de visión ante la estrategia de anular al magistrado que el soberanismo puso en práctica desde el mismo momento en que comenzó la instrucción del caso.

El objetivo fue siempre convertir en político lo que es un estricto procedimiento judicial para librar a los protagonistas de la intentona de octubre de toda responsabilidad penal. El empeño resulta tan burdo que en la última fase, la demanda personal de Puigdemont y los exconsejeros fugados contra el juez, incluso incurre en una alteración visible de las declaraciones públicas de Llarena para fortalecer la acusación de que el magistrado prejuzgaba sobre lo que tenía entre manos.

La única manera de enjuiciar a Llarena como magistrado consiste en evaluar la calidad de su instrucción, algo que sólo podrá realizarse tras completar el procedimiento judicial. La sentencia final sobre los acusados permitirá saber si el juez del Supremo determinó con exactitud sus responsabilidades y afinó en la atribución de los delitos que les imputó. Por eso resulta inexplicable que un Gobierno preñado de juristas haya ignorado tan elemental principio para caer en los torpes enredos del soberanismo.

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