El Colegio recibe ahora más quejas, sugerencias, por diferentes agravios entre los incluidos en la llamada Bolsa del SAS, y a la vez colegiados, incluso con posturas contrapuestas, que hacen inviable una defensa parcial y sí una receptividad por nuestra parte a quienes las plantean, para así abordar las mejores propuestas que alumbren el mejor consenso, pues básicamente se han conformado diversos bloques afectados por el mismo baremo: interinos, eventuales y pendientes de contrato.

En estos años de crisis, la movilidad y la precariedad han hecho estragos. De una parte la no celebración de ofertas públicas de empleo, ha ido acantonando interinidades muy prolongadas, eventualidades ilegales -según tribunales de la Unión Europea- y de otro la forzada salida al extranjero de los más jóvenes, o la aceptación por éstos de escasos y reducidos contratos en lo público ,y en lo privado, por lo general, en peores condiciones. El esfuerzo intenso de muchos de ellos en su preparación tanto en la formación básica como postgraduada es un mérito indiscutible: hay cada vez más jóvenes brillantes y sin embargo están en la oscuridad por la incertidumbre de su futuro laboral, e interinos experimentados en años de servicio con cargas familiares y con 40 o más años, incluidos todos en la Bolsa de empleo del SAS.

La esencia de cualquier baremo no es asignar puestos de trabajo, más bien su consecuencia, sino la de ser una escala gradual para evaluar méritos profesionales en la administración pública o empresa privada, si bien en la primera ha de tener en cuenta los principios de concurrencia pública, igualdad, mérito y capacidad.

El establecimiento del mismo como su aplicación son refrendados y aplicados en virtud de acuerdos entre sindicatos y administración sanitaria, entiendo que con el propósito de que la puntuación obtenida sea el mejor reflejo posible del grado de preparación de cada aspirante, comparable entre sus homólogos de su categoría profesional.

No es fácil la gestión de la Bolsa del SAS ni la supervisión: miles de aspirantes inscritos, de diferentes autonomías, muchos centros de contratación, contratos diversos y de diferentes y numerosas categorías profesionales, y más difícil si no se disponen de procedimientos y soportes técnicamente avanzados, y desde luego más imparcial si se cuenta con «los mejores ojos» por independientes expertos y fiables de quienes forman parte de las comisiones de valoración. A mi juicio añado que la participación en las mismas queda incompleta con la ausencia de los colegios profesionales, más llamativa cuando se trata de la solvencia de los profesionales a los que se les evalúan también méritos científicos y académicos.

Comento a continuación algunos apartados del baremo. En la puntuación el peso de la experiencia asistencial sigue dando sombra considerablemente a otros apartados del baremo: vale más el tiempo trabajado, que lo que el profesional haya avanzado en aportaciones y , mejoras en ese tiempo, a riesgo de considerar más preeminente la antigüedad que la competencia. Y en cuanto a tiempo trabajado, en formación hay discriminación: puntúa el tiempo trabajado de residentes médicos y no el de residentes enfermeros. Tampoco se tiene en cuenta el tiempo de trabajo no SAS (por qué no considerar a los que en la privada son competentes) y sí el trabajo en el SAS aunque hubiera sido previamente en categoría distinta en la se está inscrito.. A otros aspirantes se les relega el acceso a contratos por no tener un tiempo mínimo de años trabajados, aún teniendo en otros apartados del baremo valiosos méritos.

El escándalo de introducir méritos «científicos» vinculados a innumerables pósteres o capítulos de libro en un corto periodo temporal, advertido reiteradamente a la Consejería por el Consejo Andaluz de Enfermería, debe depurarse y no extender sospechas o juicios negativos a los autores que aportan trabajos dignos de mérito.

Si de méritos se trata, debemos librarnos de la mediocridad, en algunos casos de mercadeo (esto aparte es demérito y perjuicio a terceros); debe exigirse rigor sobre bases bien establecidas, y también discriminación positiva hacia lo excelente, por ejemplo en trabajos con índice de impacto, JCR.

Se precisa, por tanto, una revisión de lo que se entiende por científico para dar valor curricular y debidamente puntuable a lo conseguido por ese esfuerzo, como también se debe acabar con el no reconocimiento a los enfermeros por su doctorado, que si lo tienen otras disciplinas. No se entiende que el mismo grado académico tenga diferente consideración en el baremo según qué categorías.

En consecuencia estamos en un tiempo que obliga a ponderar estas circunstancias, a evitar males mayores, sean de «cortar por lo sano», ralentización o paralización en los contratos públicos si por agravios se concatenarán procedimientos contenciosos administrativos largos en el tiempo para su resolución y con daños irreparables en muchos casos.

Incluso conviene hacerlo preventivamente para evitar lo anterior. Hay un consenso que debe respetarse pero cuanto antes ir a un nuevo consenso para introducir elementos de esfuerzo ,superación y equidad para avanzar en la escala, que la merecen los aspirantes con su noble esfuerzo, y no en la trampa, que ni la merecen éstos, ni los ciudadanos, que prefieren ser atendidos por los más competentes en cada momento.

Conseguir esto no es imposible y al tiempo es un reto de modernización y convergencia, precisamente ahora cuando hay más voces contrapuestas que reclaman un baremo justo, y es obligada una ejemplaridad de lo público para incrementar sentimientos de identidad y pertenencia, y por supuesto de valía profesional.

*Juan Antonio Astorga es presidente del Colegio Oficial de Enfermería