Proteger el medio ambiente y respirar un aire más limpio castigan a las clases sociales más desfavorecidas y agudizan la pobreza energética. Alguien pensará que esta aseveración resulta un monumental disparate, motivo por el cual tratemos de explicarla razonablemente. Como bien sabrán, el Protocolo de Kioto exige a los gobiernos medidas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Para meter en cintura a las empresas que más contaminan -principalmente las centrales eléctricas de gas y carbón-, sesudas mentes se inventaron el pago por los derechos de emisión de gases contaminantes. Se trata de una fórmula penalizadora que ayude a fomentar la inversión en energías limpias, avanzando así en la transición energética. En los últimos meses se ha registrado un fuerte repunte en los precios de los derechos de emisión de CO2, es decir, lo que pagan las eléctricas por poder contaminar. De esta manera, los costes de generar electricidad para estas plantas se elevan y acaban repercutiendo en el mercado mayorista, que tiene un peso del 35% en el recibo de los consumidores de tarifa regulada. O sea, que el mercadeo del CO2 afecta a lo que cada uno de ustedes abona en el recibo de la luz, sean pudientes o parados de larga duración; ricos de solemnidad o pensionistas. Cada año crece la factura municipal de ayudas a las familias a las que no les alcanza para pagar la electricidad que consumen. Con la subida de tarifas, la nómina de necesitados se ampliará. O sea, que además de puta hay que poner la cama.
