El único rasgo de inteligencia de la fiscalía del Supremo, desde el estallido de la quimérica independencia de Cataluña, ha consistido en fijar la atención de la audiencia en las penas astronómicas solicitadas a sus promotores. Se disimula así la gestación de estos años de cárcel, porque de un banco solo interesan los beneficios alcanzados, la opinión prefiere ignorar cómo se ha llegado a los resultados. O dicho en populista, nadie lee el contrato de la lavadora, con el precio basta. Si alguien infringiera la ley de la superficialidad, advertiría que se trata del primer escrito del ministerio público en que aparece en lugar destacado la prima de riesgo, aunque no como acusada. Y también el primero en que figura The Washington Post, diario golpista según el irrefutable Tribunal.

Desde el primer párrafo, la fiscalía advierte que la rebelión se llama "procés". Es decir, durante años se ha desarrollado con luz y taquígrafos un golpe de Estado, que ninguna instancia interrumpió. Ante la ausencia de violencia y de tropas, todos los catalanes pasan de "abducidos" a "golpistas", porque "la movilización ciudadana se convertía en el instrumento coactivo más decisivo y eficaz". Esta incriminación colectiva incluye a los doscientos mil votantes que depositaron una papeleta con el "no" a la independencia.

Un votante, un golpista. Los ciudadanos no saben lo que hacen, declara la fiscalía en un planteamiento totalitario. De acuerdo con este razonar, procede erradicar el sufragio del repertorio social. Y burla burlando, los espectadores del Bernabéu son culpables del fraude fiscal de Ronaldo, porque aportaban el dinero escamoteado y aplaudían tumultuariamente a su líder huido y en rebeldía, al igual que un Puigdemont que el Supremo intenta desgajar de lo ocurrido. Alemania o Bélgica ya han absuelto a los participantes. España no es menos democrática, solo está más asustada.