Si, cada uno, a lo suyo: es lo que impide que sólo se avance a trompicones en Europa, tanto si se trata de la unión bancaria, de la fiscalidad o la defensa común.

Por lo que respecta a la defensa, franceses y alemanes fundamentalmente no se ponen de acuerdo, entre otras cosas, en la conveniencia de una fuerza de intervención como la que propone París, con la vista puesta en África.

Ni siquiera las continuas deslealtades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para con sus socios de la OTAN , ni lo que se percibe, con razón o sin ella, como amenaza rusa, logra forjar el necesario consenso entre los europeos.

Como tampoco ocurre a la hora de decidir la aplicación de un impuesto digital a los grandes grupos de ese sector que hacen grandes negocios con los datos que tan alegre como inconscientemente les proporcionan los ciudadanos.

Cada uno de los países europeos parece pues perseguir egoístamente sus propios intereses sin pensar en lo que sería bueno para el conjunto de sus ciudadanos.

Y las dificultades para el consenso son, por supuesto, mayores cuando, como ocurre con la fiscalidad, hace falta que todos se pongan de acuerdo para tomar una medida de ese tipo.

Las grandes empresas digitales apenas pagan impuestos donde obtienen sus ganancias, sino que aprovechan hábilmente los resquicios legales que les proporcionan los países donde operan para eludir su pago.

Harta de esas prácticas, la Comisión Europea ha propuesto aplicar un gravamen del 3 por ciento a las empresas con una facturación de un mínimo de 750 millones de euros en todo el mundo y de más de 50 millones sólo en Europa.

Muchas de ellas han creado en algunos países de la UE, como Irlanda, holdings a los que poder transferir internamente desde sus filiales elevadas cantidades en concepto de royalties, logrando así reducir de modo artificial sus beneficios.

Si bien los países de baja fiscalidad, que llegan a acuerdos concretos con esas empresas, apenas se lucran con tales transferencias, sí se benefician en cambio del empleo generado por la presencia en su territorio de los holdings.

Pero Francia, al igual que otros países europeos como España, Italia y el Reino Unido, es partidaria de aplicar cuanto antes el impuesto digital, y tropieza también aquí con las resistencias del Gobierno de Berlín.

Si Alemania se resiste, es por temor a las posibles represalias que pueda adoptar la Casa Blanca contra su poderosa industria del automóvil, de la que el Gobierno de Berlín parece haberse convertido en rehén.

El Instituto de Investigaciones Económicas, de Múnich, da también la razón al Gobierno de Angela Merkel: Estados Unidos podría interpretar el impuesto digital como un arancel a la importación y tomar medidas que perjudicarían al conjunto de la economía alemana.