24 de noviembre de 2018
24.11.2018
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¿"Golpistas" contra "fascistas"? ¡Desastre!

Los portavoces de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, Gabriel Rufián, Juan Olòriz y Ana María Surra, abandonan una sesión de control al Gobierno tras la orden de expulsión de Gabriel Rufián.

24.11.2018 | 05:00
Los portavoces de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, Gabriel Rufián, Juan Olòriz y Ana María Surra, abandonan una sesión de control al Gobierno tras la orden de expulsión de Gabriel Rufián.

Albert Rivera repitió el martes la acusación de "golpistas" a los políticos catalanes que alentaron la DUI (declaración unilateral de independencia) del pasado año. Y añadió que la democracia española ha sufrido dos golpes de estado, el de Tejero del 23-F del 81 y la DUI del 27-O del 2017. El veterano diputado de ERC, Joan Tardá, con el tono muy irritado que le caracteriza desde que la Fiscalía pidió hace días 25 años de prisión para Oriol Junqueras, se revolvió indignado, afirmó que se habían sobrepasado todos los límites y que cada vez que fueran acusados de "golpistas" (Rivera y Casado se han aficionado) contestarían acusándoles de "fascistas". ¡Qué desastre, parece un concurso en busca del disparate mayor! El martes lo ganó Tardá.

El día siguiente, miércoles, hubo otro encontronazo –lamentable– entre Gabriel Rufián, el bronco diputado de ERC, y Josep Borrell, al que calificó como "el ministro más indigno de la democracia española". La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acabó expulsando a Rufián y retirando del acta las palabras "golpista" y "fascista". Así Ana Pastor, la diputada del PP e íntima de Mariano Rajoy, castigaba al mismo tiempo a ERC, a Cs y al PP. Pero la crispación en el Congreso no desaparecía y ahí está el discutido escupitajo de un diputado de ERC a Borrell.

El jueves la ministra de Justicia, Dolores Delgado, era reprobada en el Congreso por 167 votos, los del PP y Cs, contra 163 (PSOE, Podemos, PDeCAT, PNV y Compromis) y la abstención de ERC y Bildu. ERC facilitaba así curiosamente un sopapo de los partidos que la acusan de "golpista" al gobierno Sánchez.

Cierto que el PSOE logró aprobar luego el decreto ley sobre la imposición en las hipotecas y abrir la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria de Montoro –que da poder de veto al Senado sobre el techo de gasto– pero los males ya se habían producido: crispación máxima en el Parlamento y batalla campal entre ERC y el PSOE que visualiza las dificultades de permanencia del Gobierno Sánchez.

Ha sido la semana de la gran crispación. El PP y Cs atacan a ERC para calificar a Sánchez de "cómplice de golpistas". ERC se revuelve contra todos: Cs, PP y PSOE (Borrell y Dolores Delgado) con Rufián de nuevo como punta de lanza. Y el PSOE intentando sobrevivir pese a que puede perder la batalla de los presupuestos si se repite la extraña coalición del jueves: votos en contra de PP y Cs y abstenciones homicidas de ERC, que ha reprobado a la ministra de Justicia. Y precisamente en base a­ que la Abogacía del Estado no acusó de rebelión. ¡Surrealista!

La cuestión catalana crispa y lo invade todo, incluso la guerra sin cuartel del PP contra el PSOE –con Rivera alineándose con entusiasmo contra Pedro Sánchez– desde la moción de censura.

Y esta guerra se ha palpado tanto en la campaña electoral andaluza como en el gran escándalo del pacto fallido de los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la presidencia del Supremo.

Andalucía es el primer test electoral desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Si el PSOE gana sin bajar significativamente respecto al 2015 y PP y Cs no logran la mayoría, Sánchez se apuntará un tanto, aunque Susana Díaz tenga problemas para formar gobierno. Podrá afrontar las próximas semanas –incluso la votación presupuestaria– con más moral. Y la relación de fuerzas resultante entre los dos grupos del centro-derecha –haya o no haya "sorpasso" de Cs al PP– puede contribuir al respiro.

Sin embargo, lo más relevante ha sido el escándalo de la descontrolada voladura del pacto entre el PP y el PSOE para renovar, en los plazos legales establecidos, tanto el CGPJ como la muy discutida, en especial desde el caso de las hipotecas, presidencia de Carlos Lesmes en el Tribunal Supremo.

El pacto se firmó –el PP lograba la presidencia del Supremo para Manuel Marchena y el PSOE, la selección de 11 de los 21 miembros del CGPJ en un nuevo reparto–, pero al final no pudo aguantar las consecuencias de la metedura de pata de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, comunicando en un wasap a sus muchos senadores –y filtrado por alguien a la prensa– que el ascenso de Marchena era un gran éxito del PP. Marchena ha tenido que dimitir para salvar su prestigio y, pese a que el Supremo quede todavía más tocado, conservar la presidencia de la poderosa sala segunda que es la que debe juzgar en los próximos meses a 18 dirigentes independentistas catalanes, nueve de ellos acusados de rebelión.

Y este proceso queda todavía más malparado porque Marchena, presidente de la sala segunda y del tribunal, ya ha sido recusado y el testimonio pornográfico de Cosidó será utilizado por los abogados del independentismo ante el propio Supremo, la opinión pública española y, si llega el caso, ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que ya acaba de poner a España en la picota por la condena de seis años de prisión –que cumplió– a Arnaldo Otegi.

El PP sale malparado por la zafiedad de Cosidó y por un pacto que generó mucho malestar interno, pero es el PSOE el políticamente más perjudicado. Cuando las instituciones de un país no funcionan, el partido gobernante es –con o sin razón– el último responsable del desorden.

La mezcla de máxima crispación, escándalo en la renovación del CGPJ y la presidencia del Supremo y casi seguro fracaso presupuestario es una pócima amarga que hace que muchos piensen que lo mejor sería ya la cita con las urnas. Pero los sondeos más solventes indican que la falta de mayoría clara de gobierno seguiría. Entre Marruecos, Cuba y Bruselas (para la cumbre del Brexit) Sánchez parece dispuesto a aguantar. Es un convencido de que el poder desgasta a quien no lo tiene quizás porque ha sufrido un serio ostracismo.

Pero ¿hasta cuándo? Esta semana –tras un globo sonda de su vicepresidente fáctico, el ministro Ábalos– ha dicho que sin presupuestos su voluntad de agotar la legislatura se acorta. ¿Lo cree? ¿Contempla juntar las generales al superdomingo de mayo de municipales, autonómicas y europeas? ¿Intenta así zarandear y presionar a una ERC que parece actuar como un boxeador con más impulso que estrategia?

Este fin de semana se enfrentará a Theresa May y a todas las derivadas del Brexit, incluido Gibraltar, y palpará el espeso clima europeo ante el desafío presupuestario del nuevo gobierno italiano. Será sólo una pausa porque el lunes volverá a un Madrid tan crispado como desde la vuelta de vacaciones. A la espera del veredicto andaluz del primer domingo de diciembre. Luego habrá que escrutar los resultados con mucha atención. Volverá a hablar con Ábalos y todavía tendrá casi todo enero (mes de vacaciones parlamentarias) para meditar.

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