El Gobierno se prepara para una travesía en solitario si en las próximas semanas no consigue allegar apoyos a su proyecto de Presupuestos. El recorrido será corto y gesticulante, pero durará lo suficiente como para que los socialistas anticipen desde el Ejecutivo las piezas centrales de su futura oferta a los votantes y, con ello, su resistencia habrá cumplido el objetivo primordial de aprovechar el escaparate del poder.

La convocatoria de elecciones comienza a ser ya un problema más logístico que político, por la dificultad para encajar fechas atenuando el impacto de unos comicios en otros y para preservar en lo posible el ámbito natural de cada llamamiento a las urnas. Iglesias prevé elecciones en marzo si al final se frustran unos Presupuestos que Podemos intenta rentabilizar como suyos en una campaña ciudad a ciudad. Sin embargo, ese momento está ya demasiado cerca de mayo, cuando hay una convocatoria segura de elecciones locales, europeas y algunas regionales.

Casado fue explícito al asumir que en Andalucía se disputa la primera vuelta de unos comicios generales. Es un territorio imprescindible para cualquiera que aspire a una victoria nacional, por lo que resulta probable que el líder del PP reduzca el alcance de los votos al estricto ámbito autonómico si en la noche del 2 de diciembre los resultados de su partido están cerca del hundimiento que pronostica la encuesta del CIS. De consumarse esa debacle, el PP quedará curado de toda urgencia de volver a las urnas, haya o no Presupuestos para 2019. Por eso Andalucía resulta clave en el inmediato calendario político.

Resistir hasta el último trimestre del año próximo para convocar elecciones es algo factible sin excesivo esfuerzo para el Ejecutivo de Sánchez. La propia beligerancia de los comicios de mayo servirá para desaguar las tensiones políticas que tienden a acumularse en esas situaciones de aguante.

La compensación a esa ausencia de Presupuestos que acortaría el recorrido del Gobierno es la pérdida de centralidad de Cataluña. Fracasada su pretensión de un trueque imposible de apoyo político a cambio de lo que el Ejecutivo no puede dar, la libertad de sus líderes, el independentismo comenzará a cocerse en el fuego lento de sus propias disensiones, que ya no se molesta en ocultar. Su estrategia consiste en que el juicio a los dirigentes del proceso soberanista magnetice por completo el resto de la agenda política, algo que hasta ahora están consiguiendo por el empeño de PP y Ciudadanos en sacar réditos electorales a costa de enquistar más el enfrentamiento.

En la campaña para el 2 de diciembre, la presidenta Susana Díaz reclama a los líderes que arropan a los aspirantes a desbancarla que hablen de Andalucía y dejen fuera el conflicto de Cataluña, que no se resuelve en esas urnas. Los andaluces serían los principales sufridores de una consumación de los afanes del secesionismo que los privara del flujo entre las regiones ricas y las más desfavorecidas, lo que explicaría la presencia de fondo del asunto catalán en su contienda electoral. Pero resultaría de mayor interés que Díaz explicara por qué casi cuatro décadas de dominio socialista ininterrumpido no han contribuido a aligerar la necesidad permanente de esas transferencias de riqueza.