Poner sobre la mesa el asunto de una nueva aplicación, la segunda, del artículo 155 de la Constitución española pero de carácter indefinido esta vez es, como poco, un acto de voluntarismo desmedido. Es necesario creer que a los osos se les puede quitar la piel sin necesidad de matarlos antes para que quepa siquiera discutir la hipótesis. Como se sabe, todas las encuestas disponibles acerca de la intención del voto en las próximas elecciones, que están ya cercano se trata, pues, de especulaciones abstractas-, indican que la fragmentación del abanico parlamentario va a ser muy alta hasta el extremo de que se plantea una probabilidad alta de que no haya forma de obtener la investidura del presidente del Gobierno sucesor del actual. Siendo así, creer que existirá en el Senado la mayoría absoluta precisa para poder aplicar el artículo 155 es, por decirlo de forma simple, descabellado. Pero los diarios, al menos el que tras cambiar toda su dirección apoya de forma tan decidida como continua al presidente, mejor dicho, al candidato Sánchez, se vuelcan en la consideración de un 155 indefinido tachándolo de contrario a la Constitución. Se entiende que aplicar ese artículo es una medida tan grave como excepcional y, por tanto, no cabe entender que se le pueda dar una vigencia indefinida. Hay que concretar el tiempo que va a estar en vigor porque no hacerlo es, como indica el profesor Vírgala, uno de los constitucionalistas consultados por el diario al que me refería antes, reformar por la puerta de atrás la Carta Magna eliminando las competencias autonómicas. Pero el mismo Vírgala apunta que el plazo imprescindible de vigencia que tiene que llevar de la mano una nueva suspensión de la autonomía catalana no tiene por qué ser temporal: puede referirse a un hecho seguro. ¿Que el presidente de la Generalitat se comprometa a acatar la Constitución, por ejemplo? ¿Que deje de lado su objetivo omnipresente de activar la república catalana? ¿Que cierre sus pseudoembajadas? ¿Que obedezca las sentencias de los tribunales en lo que hace, por ejemplo, a la aplicación de las leyes educativas?

Como apuntan los constitucionalistas, el 155 no resolverá el problema del independentismo. Por supuesto que no; aunque sea una herramienta política, no es la que hace falta. Pero la voluntad de aplicar de nuevo ese artículo no está encaminada a resolver el problema de fondo sino sólo a defender al Estado de quienes lo están dinamitando. Tanto si se aplica como no un nuevo 155, acabar con el chantaje soberanista sólo se conseguirá mediante acuerdos. Pues bien, me encantaría saber cómo se pueden alcanzar éstos si, tal y como ha demostrado el gobierno actual, el diálogo que iba a arreglarlo todo es imposible. Con lo que volvemos a los proverbios y no al del oso desollado sino al de la zanahoria y el palo. Descartado el 155, ¿con qué cuenta el gobierno del Estado para actuar cada vez que recibe un desafío desde la Generalitat? Porque eso sucede a diario.