El mensaje de Pedro Sánchez, el día que anunciaba la convocatoria de nuevas elecciones generales, podría resumirse en dos ideas. La primera es que en estos 40 años de democracia, y en tan solo ocho meses, él ha sido el presidente que más problemas ha conseguido resolver en España. La segunda, que podría haberse avanzado más si las formaciones políticas hubiesen votado favorablemente a sus presupuestos para 2019. Creo que muchos analistas y estudiosos económicos estaríamos de acuerdo que estas ideas son algo exageradas y en algún sentido incluso inverosímiles, pero eso sí, son "políticas".
Debemos reflexionar, que si realmente han existido esos grandes logros que enumeraba Sánchez en su discurso de despedida, parece que debe agradecérselo al presupuesto del gobierno anterior de Rajoy. De otra, nuestra economía muestra signos de desaceleración, con amenazas previsibles de retroceder en el empleo, aumentar en el paro y en el endeudamiento público.
De otro lado, parece que existe una contundente voluntad de este político por aumentar el gasto público, al quizás entender que gobernar es eso, gastar, quizás por los consejos de su hoy vicepresidenta, que siendo Ministra de Cultura con Zapatero, se hizo famosa con aquella frase de "estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie". Quizás por ello, entre otras cuestiones, este gobierno se despide con un mayor número de Ministros, 17 sobre los 13 del anterior gobierno, y un incremento considerables de altos cargos y asesores en apenas 8 meses.
Pero en este afán de gastar, muchos expertos en temas presupuestarios y económicos ya le han advertido en el vórtice del huracán en el que se mete. La Comisión Europea nos ha anunciado una reducción en el crecimiento económico español para 2019, y que hemos comprobado al apreciar como, por primera vez en cuatro años, se destruye empleo en el sector industrial, se cierran empresas como Alcoa, Cemex, Vestas, Vodafone o Nartugy, y se comienzan con los despidos colectivos.
Y a este escenario económico nada halagüeño, hay que sumar los efectos de la subida del salario mínimo en un 22,3%, que según el Banco de España puede destruir 125.000 puestos de trabajo, el de la actualización de las pensiones, con un IPC descontrolado y sin adoptar medidas equilibradoras, así como los problemas estructurales de siempre como son los costes de la energía eléctrica, la complejidad fiscalidad, los retos de una reforma en la financiación autonómica y local, o la necesaria modernización de las relaciones laborales para frenar la temporalidad en el empleo. Y por supuesto a esto hay que unir, entre otras cuestiones, el reto independentista.
No creo sea buena noticia el que hayamos llegado a las cotas más elevadas de deuda pública, por el que las familias deben ya en torno a unos 64.000 euros y cada español unos 25.200. Pero esto parece no parar. El Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierten de mayores incrementos en la deuda pública mientras el gobierno de Sánchez lo desmiente, aunque es cierto que hace unos días la ministra de Hacienda ha comentado, que el rechazo al presupuesto llevará a que el déficit público se eleve hasta más de lo anunciado por ella misma hace unos días. Lo que antes se negaba ahora se confirma sin ningún tipo de pudor, pero descuiden que con toda seguridad estas cifras posiblemente se vean superadas en cada "Black Friday político", acción novedosa de gobierno por el que se consigue gastar lo que la soberanía popular, representada por nuestra Cortes Generales, ha negado. De esta manera, e interpretando la ley de manera muy singular, se utiliza un instrumento tan extraordinario como son los decretos leyes. Ante estos hechos, el resto de formaciones políticas ya han comenzado a criticar, de un lado el uso del endeudamiento público para financiar la campaña electoral de una formación política y de otra, el uso semanal de una figura legal tan extraordinaria y excepcional como el decreto-ley.
Sin lugar a dudas, el legado de deuda pública, las obligaciones sin fondos y esperanzas frustradas podrían crear una situación de inestabilidad social y económica indeseada y a la que posiblemente deba enfrentarse el nuevo gobierno que se forme a partir de mayo. Por tanto, y dentro del "Black Friday político" semanal, podría recordar al gobierno que puestos a gastar, que apruebe también la compensación a los Ayuntamientos de los perjuicios económicos que ocasionará la reforma de la Plusvalía municipal y que se encuentra en la página 30 del acuerdo presupuestario para 2019 que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace unos meses.
No gobierna mejor aquel que gasta el dinero de los contribuyentes del mañana sino aquel que mejor distribuye la riqueza nacional sin endeudarse. Pero quizás todo esto forme parte de un "reality show político" donde la imagen es el fin, dando igual que los mensajes políticos sean falsos, contradictorios o inexplicables. Hoy más que nunca, algunos políticos, copian de Göbbels aquello de que una mentira contada mil veces se convierte en una verdad, en esta ocasión, ayudado por las redes sociales y los medios de comunicación, convirtiendo en "minuto y resultado" los temas más delicados de la política española y de España. Quiero finalizar recordando aquella frase de Milton Friedman, que decía que "uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados"
