La Fiscalía apoya la candidatura al Parlamento Europeo de Puigdemont, y las de los otros dos exconsejeros catalanes independentistas huidos, en contra de lo que opina la Junta Electoral Central que los ha excluido. Mantiene que los prófugos no han sido condenados y que por esa razón no deben ser conculcados sus derechos al sufragio. Obviamente no han sido condenados, entre otros motivos porque para condenar a alguien hay que juzgarlo antes y la ley española no permite abrir juicio oral contra los acusados ausentes. Y si Puigdemont y compañía están ausentes es porque han decidido fugarse y no comparecer ante la justicia. Son pró-fu-gos, un pequeño detalle que, al parecer, no tiene demasiada importancia para la Fiscalía a la hora de reclamar que su presunción de inocencia sea observada por la Junta Electoral.
Los prófugos son difíciles de elegir ya que no figuran. Es una cuestión de sentido común. No están en uso de sus derechos políticos porque no podrán ejercer el cargo para el que se presentan al haberse ausentado con el fin de evadir la acción de la justicia y evitar ser detenidos. Sería una injusticia que la presunción de inocencia les acompañase de igual manera que al resto de sus compañeros de aventura que sí están siendo procesados. No figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que es el que les corresponde ahora por residir fuera de España, probablemente por haberse escabullido. Tampoco quieren volver porque pesa sobre ellos una orden de detención de la Policía. De haberlo hecho, gozarían de los mismos derechos que Junqueras y los otros. Igual estoy equivocado pero yo lo veo así, no sé ustedes.
