Sánchez quiere que España alcance la convergencia con Alemania en presión fiscal mientras la economía se desacelera. La medida no parece a primera vista demasiado consecuente y resulta además injusta, los españoles no tenemos los sueldos de los alemanes, ni el país la renta y el empleo germánicos para que la equiparación resulte, ya no justificable, sino comprensible. Los socialistas, que han ganado las elecciones, explican que es necesario financiar el Estado del Bienestar y que las subidas de impuestos repercutirán sobre los ricos, pocos creen, sin embargo, que los 26.000 millones que se pretenden recaudar con el mordisco tributario vayan a salir exclusivamente del 0,5 por ciento de la población y de 40 empresas. Las cuentas del programa de estabilidad para la legislatura no salen y las críticas a Sánchez arrecian. Le recuerdan cómo otros países del Sur de Europa gobernados por la izquierda, son los casos de Portugal y Grecia, han elegido el camino inverso: bajar los impuestos en vez de subirlos para lograr un mayor crecimiento y poder sanear sus economías. Los tributos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Así es el lema del Internal Revenue Service, la autoridad fiscal en Estados Unidos. No se puede bajar los impuestos si implica poner en riesgo la civilización, pero tampoco hacer de ellos un acto de solidaridad abusivo e incivilizado subiéndolos de manera desproporcionada e injustificada. El límite fiscal lo fija la riqueza de los contribuyentes. Deben pagar los que más ganan y hay que combatir el fraude cerrando las vías de escape que lo convierten en una amenaza para el bienestar y la redistribución de la riqueza. No debemos olvidar que los impuestos son una intromisión en la libertad de las personas, que el Estado debe calibrar cuidadosamente sin incurrir en abusos. Privar a los ciudadanos de una parte de su dinero exige las mejores explicaciones, hacerlo caprichosamente en una coyuntura económica adversa puede resultar especialmente dañino.
